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Impuestos y empresas, esa difícil convivencia

17 de Octubre de 2018
  • Jesús Sanmartín Mariñas
“La importante función que desempeñan las empresas en el sistema tributario debería poderse llevar a cabo en un clima de confianza”

“La importante función que desempeñan las empresas en el sistema tributario debería poderse llevar a cabo en un clima de confianza”

Jesús Sanmartín Mariñas

Jesús Sanmartín Mariñas, Presidente del REAF del Consejo General de Economistas de España
Para empezar, la recaudación de los tributos en general y de los impuestos en particular solo tiene un objetivo: el sostenimiento de los gastos públicos. Por lo tanto, la presión fiscal, el cociente entre los tributos de un país y su PIB en términos porcentuales, que nos indica la importancia de la recaudación tributaria en ese territorio, debería determinarse según el gasto público que se considere deseable.

Luego, las diferencias entre recaudación y gasto sean queridas o no, tienen sus efectos, por lo que déficit o superávit pueden constituir una herramienta de política económica.

En España, a pesar de que venimos teniendo año tras año déficit –aunque ahora parece que hemos entrado en una senda de control– y, por consiguiente, un incremento peligroso de deuda pública, la presión fiscal y el gasto público siguen siendo menores que la media europea.

El debate de mayor o menor gasto público y, por ende, de mayor o menor presión fiscal es recurrente e inevitable, ya que detrás del mismo están sobre todo las preferencias de cada individuo, y ambas posturas presentan, como es natural, ventajas e inconvenientes.

Después nos planteamos qué tributos exigimos y a quién, aspecto no menos polémico –directos o indirectos, proporcionales o progresivos, etc. Sin duda, una desventaja de los tributos es que distorsionan el comportamiento de los agentes económicos, y puede que en mayor medida la actividad de las empresas, aunque tampoco se puede olvidar la manera de gastar y la eficacia del sector público, que, asimismo, tienen gran importancia.

Lo ideal es conseguir el nivel de recaudación deseado al menor coste posible en términos de distorsión para el sector privado. Entrando en la cuestión de a quién se le exigen los impuestos, indudablemente las empresas son unos formidables contribuyentes, ya sean empresarios personas físicas o entidades –además, estás últimas no votan-.

El impuesto personal más importante de los empresarios personas físicas es el IRPF y, de las entidades, el Impuesto sobre Sociedades. Todas las empresas participan en el mecanismo para recaudar el IVA, aunque solo lo satisfacen realmente cuando están actuando como consumidores finales por realizar actividades exentas o parcialmente exentas. Sucede algo parecido con los impuestos especiales.

También van a cargo de las empresas muchos impuestos ambientales de las Comunidades Autónomas, del Estado y de las corporaciones locales. Tienen que pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas, también el IBI o la controvertida plusvalía municipal, si son titulares de los correspondientes bienes o muebles o, en su caso, el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.

Ya hace tiempo que se ha puesto el foco en el Impuesto sobre Sociedades, existiendo muchas voces que opinan que, sobre todo las grandes empresas, no contribuyen en la cuantía que debieran, empleándose como principal argumento la diferencia existente entre el tipo nominal –en estos momentos, en general, el 25%, siendo el 30% para entidades de crédito y las entidades dedicadas a la explotación de hidrocarburos– y el denominado tipo efectivo –cociente entre cuota líquida y resultado contable.

Aunque en teoría el Impuesto sobre Sociedades podría no existir, ya que no deja de ser un tributo a cuenta del Impuesto sobre la Renta que deberán pagar los socios personas físicas de las sociedades cuando los beneficios les lleguen a ellos por el cobro de dividendos o por transmitir las participaciones, en todos los sistemas impositivos es una pieza clave de su estructura –esperar a que las rentas societarias lleguen a los socios para gravarlas supondría un diferimiento inasumible–.

En nuestro país es el tercer impuesto por importancia recaudatoria, si bien a gran distancia del segundo, el IVA. Este último recaudó, en 2017, 63.647 millones de euros, mientras que por sociedades llegaron al erario 23.143 millones.
 
“La importante función que desempeñan las empresas en el sistema tributario debería poderse llevar a cabo en un clima de confianza”

La diferencia entre el tipo efectivo y el tipo nominal –el tipo efectivo de las grandes empresas en 2016 fue del 6,14%– provoca una lógica alarma, por lo que merece atención aparte.

Independientemente de un análisis cuantitativo más pormenorizado, dicha diferencia tiene su razón de ser, fundamentalmente, en tres factores: por los ajustes intragrupo de los grupos de sociedades que tributan por este régimen especial; por la exención de las rentas que provienen del extranjero –que ya tributaron en origen–, y por la aplicación de bases imponibles negativas acumuladas durante la crisis.

Hay que decir que el tipo impositivo, el nominal, se aplica sobre la base imponible, la cual, si bien tiene su origen en el resultado contable, para llegar a cuantificarla hay que corregir este último con lo que hemos señalado y con otros ajustes que prevé la norma tributaria. Además de las anteriores puntualizaciones, también convendría comparar algunas ratios referentes a este impuesto con los de nuestros socios de la UE.

Por ejemplo, la recaudación del tributo respecto al PIB en España –con datos de Eurostat– es del 2%, cuando en la zona euro alcanza una media del 2,4%. Si utilizamos la recaudación del impuesto respecto a los ingresos tributarios totales, en nuestro país es del 6%, mientras que en la eurozona es del 6,1%, lo cual indica que lo nuestro no es especial.

Para terminar, no puede negarse a las empresas –y, por cierto, tampoco a los profesionales de la asesoría fiscal– que son parte fundamental del engranaje para recaudar: retienen el IRPF de trabajadores, profesionales, de los arrendamientos o de los rendimientos del capital; ingresan el IVA o los impuestos especiales que les cobran a los clientes; por no hablar de las cuotas patronales de la Seguridad Social o de la retención de las correspondientes a los trabajadores, y tienen que lidiar con importantes obligaciones formales que, además, no dejan de aumentar.

Por lo tanto, sería deseable que la importante función que desempeñan las empresas en el sistema tributario puedan llevarla a cabo en un clima desconfianza y seguridad jurídica.
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