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El mundo al revés

07 de Septiembre de 2018
Ramón Valdivia, director general de ASTIC
¿Están los poderes públicos confabulándose para aumentar la incertidumbre jurídica que sienten los empresarios? La creciente sensación de indefensión y desprotección legal en las empresas viene dada por la enorme avalancha de leyes y dictámenes que, para beneficio de bufetes, asesores y consultores saturan los departamentos administrativos y legales de las compañías.

Lo que no sabemos es si todo forma parte de un plan de nuestros representantes públicos para que, lejos de facilitar la gestión empresarial, hacer esta casi imposible. ¿Es la judicialización de cualquier actividad ciudadana o empresarial el fin último de todo este maremágnum de normas, decretos y reglamentos?

Un ejemplo en el sector del transporte (la reciente entrada en vigor de la trasposición de la Directiva sobre la estiba de las mercancías en los vehículos de transporte por carretera, mediante el RD 563/2017) me ha traído a la mente esa creciente preocupación que viene ya de lejos. En el Real Decreto que lo regula, hay una apariencia de obligatoriedad de normas que no responde ni al texto de la directiva, ni a su espíritu de origen.

¿A qué nos atenemos? Todo ello, nos hace caer en la sospecha de un mal disimulado afán recaudatorio, basado en enrevesadas vías para aplicar sanciones y multas varias que, al ser la norma tan difícil de interpretar, no sabemos siquiera cómo recurrirlas.

Casos similares, como es sabido, los tenemos en todos los sectores productivos. Tanto el volumen de normativa publicada, como el resultado final de los textos que le dan forma, parecen cada vez más enfocados a crear, cuando menos, perplejidad entre quienes tenemos la obligación de estudiarlos y explicarlos desde las diferentes organizaciones sectoriales y, casi siempre, provocan temor e inseguridad entre quienes tienen que cumplir con lo legislado, es decir, todas las personas físicas y jurídicas.

Por volver al mundo del transporte que me resulta más cercano, no quiero olvidar un reglamento de tanta repercusión en nuestra actividad como el famoso 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso aplicado a conductores de transporte profesional de mercancías que ha terminado, más de diez años después de su publicación, llegando hasta el TJUE de Luxemburgo para aclarar si sí o si no, los conductores pueden utilizar las cabinas para sus descansos semanales regulares.

El tribunal ha terminado fallando que “no”; además, el tribunal “invita” a los Estados a legislar en ese sentido y, por supuesto, a establecer un baremo sancionador… sin que nadie se moleste en concretar qué está prohibido realizar o no durante esas más de 45 h. de descanso semanal, como tampoco quién está obligado a aportar las pruebas de que se ha cometido una infracción. ¿Se ha de considerar esto como normal después de 10 años de idas y venidas?

Estos son dos ejemplos muy cercanos, como decía, a mi día a día sectorial, pero qué decir de la normativa general sobre “cumplimiento penal” que traspasa a las empresas la tarea que siempre ha estado encomendada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: vigilar e impedir que se comentan delitos y sancionar o poner a disposición judicial a los que lo hagan para su castigo.

Por si no hubiera suficiente, ahora con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) además nos “regalan” la labor de proteger los datos, entre otras cosas, contra delincuentes que nos los puedan robar y usar en su beneficio y en perjuicio de los titulares de los mismos. Si no cumplimos bien con esa tarea y eventualmente unos “hackers” nos roban, los primeros sancionados seremos nosotros, o sea las víctimas porque no hemos puesto suficiente celo en la custodia y protección de esos datos.

El Estado tiene como primera obligación proteger las vidas y propiedades de sus ciudadanos, pero parece que ese principio no se aplica y, si, a pesar de todos los impuestos que pagamos, fallan en ello y sufrimos el robo de datos de nuestros sistemas, además de la sensación de haber pagado en balde por esa supuesta protección, nos multan con cantidades enormes y nos hacen responsables ante terceros si no hemos contratado privadamente los servicios de consultores especialistas en la materia.

A este paso, cualquier día seremos multados si nos roban en casa, ya que no se nos había ocurrido blindar la puerta, instalar alarmas, ni acudir regularmente -pagando, claro está- a los cursillos mensuales de defensa personal y técnicas de contraespionaje preventivo para evitar que los “cacos” nos sustraigan lo que es nuestro. Todo llegará.
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