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Un paso en la cadena alimentaria

07 de Septiembre de 2018
Pedro Barato, presidente de ASAJA. 
Se van a cumplir cinco años desde que, en verano de 2013, el Gobierno aprobara la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Un plazo más que razonable para hacer balance de lo que esta ley ha supuesto en el reequilibrio de las relaciones comerciales entre los diferentes operadores (producción, industria y distribución) que intervienen en la cadena agroalimentaria.

Desde ASAJA, llevamos años denunciando los continuos atropellos que en nombre de la libre competencia se cometen con productos de primera necesidad como la leche, el aceite, las patatas o las frutas, y hemos llevado a cabo campañas por toda España para denunciar las ventas a pérdidas o la utilización de los alimentos básicos como productos reclamo.

A día de hoy, podemos decir que los mecanismos previstos por la ley para combatir estas prácticas van cumpliendo su objetivo y se observa una disminución notable de las mismas. No obstante, la evidencia nos indica que las prácticas comerciales abusivas y/o dañinas desgraciadamente persisten. La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) se está demostrando como una herramienta eficaz en el control de las operaciones comerciales en la cadena alimentaria.

Solo en 2017, esta agencia creada por el Gobierno realizó un total de 1.882 inspecciones de oficio (con 573 sanciones) y acumula ya 3.669 inspecciones, desde que comenzó su actividad en 2014, que han dado como resultado 922 sanciones, con un importe superior a los 9,2 millones de euros.

No obstante, como decía más arriba, los desequilibrios entre los distintos agentes de la cadena persisten, y esto ocurre no solo en España, sino que es un problema extendido a toda la UE. En este sentido, nuestra legislación española está sirviendo de espejo a otros países para elaborar sus propias normas nacionales, e incluso la Comisión Europea prepara ya una directiva básica para luchar contra las prácticas comerciales desleales, una vez que instituciones como el Parlamento Europeo y el Consejo se hayan pronunciado en contra de estas prácticas.

Hago aquí una llamada de atención para que la futura norma europea no suponga un retroceso sobre la que ya está en vigor en nuestro país. Por último, me gustaría entonar un mea culpa en nombre de los productores. De todos es sabido que agricultores y ganaderos continuamos siendo el eslabón más débil de la cadena, posición que se agudiza en la medida en que entre la distribución y la industria existe una notable tendencia a la concentración empresarial para formar grupos cada vez más fuertes.

Consecuentemente, los productores estamos obligados a reposicionarnos en el sentido de concentrar la oferta y/o ganar en economía de escala. Esta estrategia, unida a la introducción obligatoria de los contratos entre comprador y vendedor, tendría efectos muy positivos en aras de un reequilibrio de fuerzas entre los diferentes agentes de la cadena y en pro de una mayor transparencia en las transacciones comerciales.

Para más información consulte el tercer número de la revista Empresario.

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