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La hiperinflación normativa

07 de Septiembre de 2018
La promulgación legislativa en 2018 será mayor que en 2017.

La promulgación legislativa en 2018 será mayor que en 2017.

Bernardo Aguilera, Director de Asuntos Económicos y Europeos de CEOE
La Constitución española de 1978 consagró un modelo territorial basado en la distribución de poder entre la Administración central y la autonómica, modelo que ha dado lugar a una economía mucho más abierta y competitiva. A lo largo de los últimos 40 años, se ha llevado a cabo un intenso proceso de transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas, en ámbitos muy diversos: educación, sanidad, IMSERSO, Instituto Nacional de Empleo, transportes, medio ambiente, etc.

Desde 1978, se han producido 1.994 acuerdos de transferencia de competencias desde la Administración central a las CC. AA. Esto ha implicado que el desarrollo y el extenso número de competencias transferidas trajera consigo una importante diversificación de los centros de decisiones económicas que afectan a la vida diaria de las empresas. Una diversificación que, en ocasiones, crea en las empresas confusión.

En 2012, la Comisión Europea ya apuntaba que “además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la Administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios.

Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país, en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad".

Asimismo, el Global Competitiveness Report 2016–2017, elaborado por el World Economic Forum, concluye que, entre los obstáculos para el emprendimiento y el desarrollo de negocios en España destacan, en primer lugar, los tipos impositivos y, en segundo lugar, la burocracia administrativa. En sus conclusiones, el informe afirma que, de los 138 países objeto de estudio, España ocupa el puesto 32º en competitividad.

Este dato empeora drásticamente en lo referente al análisis de la carga regulatoria a la que se ven sometidas las empresas que desarrollan su actividad en España, descendiendo hasta el puesto 113º del total de países analizados. Y es que, como reflejamos en nuestro informe 'La producción normativa', la legislación vigente en España supera las 163.000 normas. Entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas estatales.
 
"Entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas estatales"

En 2017, se aprobaron 517 nuevas normas (a escala estatal), lo que supone un incremento del 18,6%, respecto de las 436 normas adoptadas en el año anterior. No obstante, el año 2016 fue excepcional, por estar el Gobierno en funciones durante buena parte del año. Las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las Comunidades Autónomas ascendieron a 253 en 2017, un aumento del 3,3% sobre las normas adoptadas en 2016. En 2017, casi 2.000 actos legislativos (es decir, reglamentos, directivas y decisiones) se adoptaron en la UE.

Esta sobrerregulación tiene su reflejo en la complejidad y el número de cargas administrativas asumidas por las empresas cuando se enfrentan al reto de superar determinados umbrales, entre ellos los referentes al número de empleados. Tales límites marcan un punto de inflexión en el crecimiento de las empresas, ya que el régimen que se aplicará a partir del trabajador número 50, o al alcanzar un volumen de negocios superior a 8 millones de euros, conllevará la asunción de un mayor número de requisitos y cargas administrativas.

La dificultad de afrontar nuevas obligaciones se convierte en un factor limitador del crecimiento, influyendo a la hora de decidir si mantienen su progresión alcista o si, por el contrario, se prefiere no superar los 49 trabajadores por no poder contar con los recursos a los que deberían hacer frente si contratasen un 50º trabajador. Relacionado con lo anterior y particularmente preocupante resulta la cuestión de la fragmentación de la unidad del mercado nacional.

La potestad normativa de las CC. AA. a menudo conlleva trabas burocráticas y barreras administrativas propias de cada comunidad, que obligan a las empresas a cumplir una normativa distinta en cada una de ellas y suponen un obstáculo a la libertad e igualdad de acceso y ejercicio de la actividad económica, y a la libre circulación de bienes y servicios.

El hecho de tener que cumplir con una regulación distinta en cada Comunidad supone un quebradero de cabeza para cualquier empresa, obligándola a dedicar recursos y a dar cumplimiento a las diferentes normativas, y erosionando así su competitividad y su capacidad de generar empleo y riqueza. Es verdad que se han dado algunos pasos, con la aprobación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado en el año 2013, que trata de evitar esto.

Pero hay que decir que los avances están siendo lentos, en ocasiones difíciles de evaluar, y su alcance ha resultado ser menos ambicioso de lo previsto inicialmente. De hecho, el TC ha anulado parte de su articulado.

La reflexión final es que la actividad productiva está lastrada por la excesiva burocracia, la infinidad y superposición de ventanillas, la complejidad procedimental y la ausencia de coordinación. Justo lo contrario de lo que se necesita, un mercado cohesionado y competitivo basado, fundamentalmente, en su unidad y en el establecimiento de un conjunto de normas coherente y efectivo, capaz de impedir y, en su caso, eliminar normas que socaven principios básicos para la libertad de empresa y la economía de mercado.

Para más información consulte el tercer número de la revista Empresario.

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