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La realidad legislativa para 2018

07 de Septiembre de 2018
El tiempo que ocupa la burocracia en España solo es superado por el que dedican los empresarios franceses.

El tiempo que ocupa la burocracia en España solo es superado por el que dedican los empresarios franceses.

José María Campos, director del Departamento legal de CEOE
El pasado 7 de diciembre, el Gobierno presentó por primera vez un Plan Normativo para 2018, en el que el Ejecutivo resume todas las iniciativas regulatorias que tiene intención de impulsar durante este 2018. El Gobierno tiene previsto aprobar 287 nuevas normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria, 240 de real decreto y se transpondrán 52 directivas de la UE. A toda esta producción normativa se añadirá la derivada de los trabajos de las comisiones parlamentarias del Congreso, la aprobada por cada Comunidad Autónoma y por la propia UE.

Entre las múltiples reformas que afectan al sector empresarial, el Gobierno ha anunciado la aprobación de un nuevo Reglamento del Registro Mercantil que se adapte a múltiples novedades producidas desde su aprobación en 1996. Igualmente, propondrá la modernización del derecho español de obligaciones y contratos desde dos ejes principales: (i) la actualización del Libro IV del Código Civil, para la que se parte de la propuesta de la Comisión de Codificación que se presentó en el 2009; y (ii) la reforma del Código Mercantil, sobre el que ya se redactó un anteproyecto que fue analizado pormenorizadamente por el Consejo de Estado en enero de 2015.

En materia procesal, el ejecutivo impulsará la actualización de diversos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre los que el Ministerio de Justicia inició una consulta pública el pasado 16 de octubre de 2017. Con ello, se pretende la mejora de la ejecución, el fomento de la mediación, la reforma de las diligencias preliminares o la tan necesaria introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia.

Por su parte, el Congreso también está impulsando diversas reformas significativas. Entre otras, podemos destacar la modificación de la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, la reforma del controvertido artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital –relativo al derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos– o el cambio de los criterios de imposición de las costas judiciales.

Los grupos parlamentarios también han aprovechado proyectos de ley en tramitación para proponer enmiendas que modifican, a su vez, otras normas con las que no guardan una estricta relación. No obstante, la composición actual del Congreso no garantiza que dichas enmiendas vayan a prosperar. A título de ejemplo, se ha aprovechado el proyecto de ley por el que se transponen directivas de la UE en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores para proponer diversas reformas de relevancia.

De esta forma, se plantea la modificación integral del sistema de acciones colectivas de la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir el polémico sistema de class actions estadounidense. Esta propuesta, de gran trascendencia, rompe con la tradición europea en este ámbito y entra en conflicto con las recientes iniciativas legislativas que la propia Comisión Europea se ha marcado como objetivo este año a través del NewDeal for Consumers y la revisión de la directiva de cesación para la protección de los intereses de los consumidores.

Bruselas trabajará intensamente este año en esta área, contando para ello con la sociedad civil. Igualmente, se han presentado enmiendas que pretenden la modificación integral del sistema de acceso a las fuentes de prueba previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se contempla con notable amplitud incluso antes de la interposición de la demanda. Esta propuesta se solapa con la iniciativa de reforma de las diligencias preliminares impulsada por el Ministerio de Justicia antes comentada.

Por último, debemos destacar la propuesta de habilitación al Gobierno para aprobar un nuevo texto refundido de la Ley Concursal, lo que parece aconsejar que este proyecto, que ya se encontraba en fase avanzada, pudiera ser otra de las importantes novedades de 2018. Concluimos, por tanto, que la producción normativa no parece que vaya a disminuir en el año que comienza.

Esto exigirá a las empresas españolas estar muy atentas a los cambios regulatorios que nos aguardan y garantizar que su voz sea escuchada para construir, entre todos, un mejor marco legislativo que promueva el progreso económico y social de España.

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