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El reparto de dividendos

07 de Septiembre de 2018
Las buenas prácticas constituyen una ventaja competitiva a la vez que una garantía para su supervivencia.

Las buenas prácticas constituyen una ventaja competitiva a la vez que una garantía para su supervivencia.

Ramón Hernández Peñasco, socio director LEGAL FIELD Consultores y Abogados
En un artículo publicado hace unos meses analizamos las implicaciones que se podían derivar de la entrada en vigor, tras años de suspensión del precepto, del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Como ya anticipamos entonces, con la entrada en vigor del artículo 348 bis era previsible el aumento de los litigios entre socios, al regular dicho precepto uno de los puntos más conflictivos en la práctica de las sociedades cerradas.

Y así ha sido, pues son ya varias las sentencias de juzgados de lo Mercantil y las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (estas últimas, en expedientes de nombramiento del experto independiente que deberá determinar el valor razonable de la participación del socio “separado”) recaídas en esta materia.

Pero si la intención del artículo 348 bis LSC era evitar el abuso por parte del socio o socios mayoritarios, su aplicación puede originar la situación inversa, esto es, que los socios minoritarios utilicen este derecho de separación de forma abusiva, al investirles el precepto de un poder que puede poner en peligro la situación financiera de la sociedad, que deberá mantener la liquidez necesaria para hacer efectivo el pago del dividendo mínimo anual previsto en el artículo 348 bis o, en el caso de que el socio opte por separarse de la sociedad, para atender el pago del valor de sus participaciones o acciones.

Es más, en algunos casos la aplicación del precepto supondrá no sólo problemas de liquidez para la empresa, sino su descapitalización, pudiendo llegar a provocar su declaración en concurso de acreedores si no puede atender el pago de sus deudas con terceros tras la recompra forzosa de la participación del socio separado.

Por estas razones, el pasado 1 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una Proposición de Ley formulada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, dirigida a tratar de buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los socios a participar de los beneficios sociales.

Las modificaciones más significativas incluidas en la Proposición de Ley son las siguientes:
  • Se aclara de forma expresa que el derecho de separación del artículo 348 bis LSC se puede eliminar o restringir en los Estatutos Sociales de la compañía, cuestión esta sobre la que se guarda silencio en la actual redacción del precepto y sobre la que en nuestro artículo anterior ya emitimos nuestra opinión favorable.
  • Se exige un período más prolongado de obtención de beneficios, de tres años, frente a la situación vigente que exige solamente la obtención de beneficios en el ejercicio anterior. Así, se requieren tres años continuados de beneficios para generar el «derecho al dividendo», de manera que la irrupción de un año con pérdidas obliga a reiniciar de nuevo el cómputo de dicho plazo.
  • Se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a repartir de un tercio a un cuarto.
  • Se elimina la referencia a los «beneficios propios de la explotación del objeto social», concepto de difícil interpretación, para evitar la consiguiente inseguridad jurídica, de tal manera que el beneficio a tener en cuenta sería el beneficio final del ejercicio, incluya o no partidas atípicas o extraordinarias.
  • Se sustituye la expresión «a partir del quinto ejercicio» por «transcurrido el quinto ejercicio», para evitar que el derecho al dividendo pueda reclamarse al comienzo del 5º ejercicio respecto de las cuentas del 4º.
  • Se excluye de la aplicación del artículo 348 bis no sólo a las sociedades cotizadas, sino también a las sociedades admitidas a cotización en un sistema multilateral de negociación (como el Mercado Alternativo Bursátil), a las sociedades que hayan sido declaradas en concurso o a las que hayan presentado el preconcurso, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Los términos propuestos para la reforma son discutibles en algunos aspectos. Así, el requisito de que se den tres años continuados de beneficios, con “puesta a cero” en caso de que haya algún ejercicio con pérdidas, por insignificantes que estas sean, puede considerarse excesivo, habida cuenta de que para poder ejercer el derecho de separación tienen que haber transcurrido ya cinco años desde la constitución de la sociedad.

Por otro lado, es difícil prever si esta Proposición de Ley saldrá adelante en los términos propuestos y, en caso afirmativo, en qué plazo, ante la falta de mayoría parlamentaria existente en la actualidad. En todo caso, y salvo que se recurra a la figura del decreto-ley, es seguro que el precepto mantendrá su actual redacción para cuando se celebren las juntas generales de las sociedades que deberán decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017 (en general, antes del 30 de junio de 2018), por lo que es previsible que se vuelvan a plantear nuevas demandas por parte de socios minoritarios tras la celebración de dichas juntas. ¿Serán capaces nuestros parlamentarios de ponerse de acuerdo en esta legislatura sobre la reforma del precepto?
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