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Italia, un país con acertadas reformas en su mercado laboral y en la Administración pública

22 de Marzo de 2018
Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

Los habitantes de Italia están entre los más endeudados del mundo y entre los que tienen una tasa de desempleo más elevada. Sin embargo, el 'Barómetro de reformas de BusinessEurope 2018' ha destacado que Italia ha aplicado reformas de manera satisfactoria durante el año pasado.

Los empresarios han destacado la importancia de continuar con las reformas para mantener la estabilidad financiera y luchar contra el déficit público, que se encuentra en el 132% del PIB. La patronal señala que estas reformas son necesarias para fortalecer la recuperación en curso y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Italia.

BusinessEurope también ha hecho referencia a la importancia de reformar la Administración pública italiana, intensificando la lucha contra corrupción, en particular al revisar el estatuto de limitaciones. Así como completar las reformas del empleo público y mejorar la eficiencia de empresas de propiedad pública. Sin embargo, el barómetro destaca que Italia ha aplicado de manera satisfactoria las reformas que afectan al mercado laboral, la innovación, la estabilidad financiera y el acceso a la financiación. 
 
Las 5 reformas prioritarias para 2018

1. Reforma fiscal
La patronal europea anima a Italia a continuar reduciendo los impuestos sobre los factores de producción, a introducir medidas adecuadas para luchar contra la evasión fiscal, a adaptar el sistema tributario a las normas de la UE y regula nuevas formas de negocios. Por ejemplo, en la economía digital. 

En esta materia, los empresarios también animan a hacer que el sistema tributario sea más fácil, eliminando cumplimientos que no sean útiles y mejorando las herramientas de diálogo preventivo entre la administración tributaria y el contribuyente.

2. Políticas activas en el mercado laboral
BusinessEurope pide al país reforzar aún más las políticas activas del mercado laboral y las actividades ya lanzadas en esta materia. Un cambio que ya se había introducido en el país pero que se encuentra a la espera de la futura formación de gobierno. Además, hay que tener en cuenta que Italia tiene una de las tasas de desempleo más elevadas de Europa, un 11,1%, solo por detrás de Grecia y España. 

3. Condiciones para pedir un préstamo
Los empresarios europeos piden fortalecer el Fondo de Garantía en Italia y mejorar el uso de aspectos cualitativos de las empresas en los sistemas de calificación bancaria. En esta línea, en el país ya se está llevando a cabo una revisión integral del marco regulatorio para la insolvencia.

Por ello, BusinessEurope pide evitar la introducción de reglas adicionales que limiten la capacidad de los bancos para otorgar préstamos.

4. Eficiencia del sector público
Para conseguir la eficiencia del sector público, los empresarios europeos piden que se simplifique la legislación. Los objetivos que ha conseguido el país en esta línea son satisfactorios, según la patronal.

El fin de esta transformación es acabar con la corrupción, completar la reforma de la administración pública, monitorear la reforma de la empresa pública, llevar a cabo la reforma de los servicios públicos locales, mejorar la productividad de la administración pública a través de la reforma del empleo público y mejorar la simplificación y la digitalización. 

La acción de simplificación de la Administración pública también incluye un plan trienal para la tecnología de la información, las comunicaciones y la ciberseguridad.

5. Marco de competencia
Italia debe reforzar la competencia de sus compañías mediante medidas específicas para mejorar la eficiencia de las empresas públicas y del mercado de servicios profesionales. La ley anual de competencia fue aprobada en agosto de 2017, después de dos años de discusión en el Parlamento. Debido a los retratos, la publicación de la ley no puede aspirar a convertirse en un instrumento estructural para promover la competencia en una perspectiva de continuidad a medio-largo plazo, sin una reforma completa de la situación legislativa. 
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