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Informe del IEE

Una contrarreforma laboral y una subida de impuestos intensificarían la ralentización

18 de Diciembre de 2018
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.

Llevar a cabo una contrarreforma laboral y un aumento de los impuestos directos tendrían consecuencias para la economía española. De hecho, el Instituto de Estudios Económicos ha explicado que estos dos hechos podrían intensificar la ralentización que ya está viviendo la economía española.

"No se va a lograr un crecimiento inclusivo con medidas que pongan límites al crecimiento del empleo y que limite las horas que trabajan los empleados y, por tanto, la renta que pueden conseguir", ha defendido el presidente del IEE, José Luis Feito. Considera que la "contrarreforma" que planea el Gobierno afectará incluso a las exportaciones, cuyo crecimiento en años anteriores se debió en gran medida (20%, ha cifrado) a medidas derivadas de reformas laborales anteriores.

"No hay combinación posible de impuestos" que puedan hacer frente al incremento de los costes del sistema, que, a su juicio, con las medidas anunciadas y sin una profunda reforma será insostenible en "seis o siete años". En su opinión, la subida de impuestos directos "no es la receta adecuada para tratar desequilibrios presupuestarios" y ha asegurado que "en el mejor de los casos" los incrementos propuestos por el Gobierno generarían la mitad de recaudación de lo que prevé.

Con respecto a la subida del salario mínimo que ha propuesto el Ejecutivo, los empresarios destacan que: "Sin duda ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los que tienen un menor nivel de cualificación".

En el informe del IEE, destacan que la principal vulnerabilidad económica de España la constituyen el elevado nivel de endeudamiento y el déficit públicos. Por definición, "unos niveles elevados de deuda y de déficit públicos indican que el gasto público actual es superior al que se puede garantizar con los actuales niveles impositivos", resaltan.

"Solo con una senda de consolidación tanto de la deuda exterior como de la deuda pública de nuestro país podrá reducir nuestra elevada vulnerabilidad ante los vaivenes bajistas en el ciclo económico, con su dañino impacto sobre el bienestar de la sociedad y, en especial, de los individuos con menores rentas", explican los empresarios. Para situarse en esa senda de consolidación es "imprescindible" que no se incremente el gasto público no comprometido y que se acometan reformas que potencien la capacidad productiva de la economía.

En un horizonte de corto plazo "es imprescindible acometer reformas en la política fiscal y en la estructura tributaria, o, en su defecto, no llevar a cabo medidas que vayan en contra del crecimiento de la economía española", señalan desde el IEE. Más a largo plazo destacan como necesario continuar con reformas, por el lado de la oferta y en la regulación tanto del mercado laboral como del sistema de pensiones, que vayan en la dirección de aumentar el crecimiento potencial y aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Tradicionalmente, para defender las subidas impositivas en el sistema tributario, se suele argumentar que la presión fiscal de la economía española es baja, si se compara con el promedio de los países de la UE, y aún más reducida si la comparación se realiza con los países más avanzados de Europa. Según datos de la Comisión Europea, el nivel total de impuestos fue del 33,3% del PIB en España, lejos del promedio de la UE-28 (38,9%, es decir, 5,6 puntos porcentuales inferior) y más alejado, incluso, del promedio de los países de la eurozona (40,1%, o 6,8 puntos porcentuales por debajo).

En el año 2016, España ocupó la 21ª posición en cuanto a recaudación impositiva en términos de PIB de todos los países de la UE-28. En la propuesta de Presupuestos para 2019 se argumenta que España se ha caracterizado históricamente por tener un nivel de ingresos públicos inferior a la media europea y también al promedio de los países de la OCDE, y con este principio se justifica el incremento de los principales tributos directos, como son el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF.

Sin embargo, a la hora de establecer la cesta óptima de impuestos, la guía "no debe ser la mera comparación de nuestro nivel de ingresos" respecto a un conjunto de países, sino que "se debe considerar cómo contribuyen los cambios impositivos a corregir los principales desequilibrios de nuestra economía", señala el IEE. Según los empresarios, existen tres desequilibrios económicos que hay que corregir. 

El primer desequilibrio que se debería aspirar a reducir es la menor renta per cápita respecto al promedio de los países de la UE-28 (8% inferior), distancia que se amplía a más de un 25% si se compara con los países más avanzados del entorno. La tributación total de los impuestos directos e indirectos, tanto en España como en la Unión Europea, es progresiva, de tal forma que la proporción de ingresos impositivos en términos de PIB tiende a ser tanto mayor cuanto mayor sea el PIB per cápita.

El segundo desequilibrio es el elevado nivel de desempleo frente a otros países de la Unión Europea y de la OCDE, como consecuencia de una muy reducida tasa de empleo. Y, por último, el tercer desequilibrio es la elevada deuda externa neta de la economía, que es la tercera más elevada de la eurozona. Para fomentar el crecimiento de la productividad y del PIB per cápita, "es necesario mantener un alto ritmo de inversión en capital fijo", señala el IEE.

"Solo así, además, será posible sustentar crecimientos salariales que no dañen la competitividad exterior y el aumento del empleo, aumento que será tanto mayor cuanto menores sean las cotizaciones sociales", destaca el informe. Para intensificar la inversión proponen reducir el impuesto de sociedades, algo que están haciendo los países con los que España compite por los flujos de inversión internacional.

La bajada del impuesto de sociedades, además, "es beneficiosa para los trabajadores tanto porque aumenta la inversión como porque rebaja las presiones para contener los costes salariales", remachan.

Para ello, el informe señala que la política impositiva adecuada pasa por reducir la carga impositiva sobre sociedades, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y rebajar la tributación del ahorro (los impuestos sobre las plusvalías y rendimientos del capital y sobre el patrimonio). Para que la disminución de las cotizaciones sociales, y la de los impuestos sobre el ahorro, sean compatibles con la reducción del déficit y del endeudamiento públicos es necesario acompañarlas de una subida de las tasas y de los precios públicos (tarificando la red de autovías), así como de subidas de los impuestos especiales y, vía limitación de los beneficios fiscales, con un aumento del tipo efectivo del IVA.

La combinación de bajada de las cotizaciones sociales, y de la tributación sobre el ahorro, con una subida de las tasas, de los precios públicos, de los impuestos especiales y del tipo efectivo del IVA "acarrearía un notable aumento de la recaudación porque lo que se puede perder por las bajadas es inferior a lo que se ganaría con las subidas", explica el IEE.

Esto es así porque las bases tributarias sobre las que actuarían las subidas de impuestos o precios públicos son mucho más inelásticas que las bases tributarias sobre las que actuarían las bajadas impositivas y por el impacto expansivo que dicha combinación impositiva tendría sobre el crecimiento de la actividad y del empleo.
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