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El Gobierno aprueba el Plan de Empleo Joven que ha acordado con los agentes sociales

07 de Diciembre de 2018
Su objetivo es un

Su objetivo es un "reparto equitativo de la riqueza" en la que los salarios recuperen el peso en la renta nacional que tenían antes de la crisis.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2012, dotado con 2.000 millones para reducir la tasa de paro de los menores de 25 años hasta situarla en el 23,5% dentro de tres años, y decide el envío a las Cortes de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019.

El Plan contempla 50 medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años, entre los que hay más de 550.000 personas desempleadas.

Estas son dos de las principales decisiones que adoptará el Gobierno, que prevé tramitar también el anteproyecto de reforma de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

En la reunión, el Gobierno acuerda el envío a las Cortes de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2019, paso previo a la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales que el presidente Pedro Sánchez ha ratificado que será aprobado por el Gobierno a mediados de enero.

Finalmente, el Ejecutivo envía de nuevo a las Cortes estos objetivos sin que se haya aprobado la reforma de la ley de estabilidad que pretende evitar que el Senado mantenga su capacidad de veto.

El plan ha sido consensuado por el Gobierno y los interlocutores sociales "a la vista de la necesidad de adoptar medidas positivas para promover e impulsar el empleo de las personas jóvenes a través de un plan integral", afirmaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, explicaba esta semana que se trata de un plan "ambicioso" para formar a los jóvenes en competencias lingüísticas, digitales, en sectores estratégicos, de innovación, así como en competencias básicas como lengua y matemáticas para quienes no tienen título de educación secundaria obligatoria (ESO).

El borrador del plan prevé repartir la dotación presupuestaria de forma que en 2019 se invertirán 665 millones; en 2020, otros 666 millones; y en 2021, 668 millones.

Con ellos se financiarán políticas de formación y orientación profesional (1.138 millones), por ejemplo atención personalizada o formación en competencias digitales; oportunidades de empleo (616,5 millones), donde se incluyen bonificaciones, y apoyo al emprendimiento (51 millones).

Entre los objetivos del plan figura reducir la tasa de paro de los menores de 25 años al 23,5%, desde el actual 33%, lo que supone bajarlo en 168.000 personas.

Además prevé incrementar la tasa de actividad de los menores de 30 años hasta el 73,5%, reducir un 20% la brecha de género en esta franja de edad, incrementar cada año un 15% las contrataciones indefinidas o lograr que 225.000 jóvenes se formen en competencias digitales.

Espera crear una red de 3.000 orientadores, que se complementará con una red de mediadores jóvenes, y que ofrecerá atención individualizada a los jóvenes y seguimiento de su itinerario de inserción. Además, las diferentes administraciones avanzarán hacia la puesta en marcha de una ventanilla única que evite solapamientos y duplicidades en la atención a personas jóvenes.

En materia de formación, el plan apuesta por las competencias digitales, tanto a nivel básico como avanzado; las lenguas extranjeras, en concreto inglés, francés y alemán, y sectores estratégicos.

Prevé la recuperación de la cotización por desempleo en los contratos para la formación en escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo 4.0, así como garantizar la transmisión de conocimientos a través de contratos relevo e impulsar la formación profesional dual.

También plantea el diseño de incentivos a la contratación de calidad y emprendimiento, que estarán limitados en el tiempo, al igual que se eliminarán las ayudas que han resultado ineficaces.

Otra medida recogida en el borrador de plan es la creación de un estatuto de la persona becaria, que se negociará en la Mesa de Diálogo Social.

Con el objetivo de favorecer el retorno a España de jóvenes que han emigrado en los últimos años, se apuesta por constituir redes de apoyo y desarrollar medidas de apoyo a la contratación o el autoempleo.

Además se pretende poner en marcha la inscripción telemática en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para simplificar el proceso como parte de la reforma este programa para mejorar su eficiencia.

El Consejo de Ministros aprueba igualmente el real decreto ley de medidas urgentes de impulso a la industria y el comercio, así como un anteproyecto de ley sobre uso de los datos del registro de pasajeros para facilitar la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.
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