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Las ochenta propuestas de la empresa andaluza para modernizar su economía

03 de Diciembre de 2018
Javier González de Lara, reelegido presidente de CEA, ha propuesto la consecución de un gran Pacto por la Empresa en Andalucía.

Javier González de Lara cuando fue reelegido presidente de CEA propuso la consecución de un gran Pacto por la Empresa en Andalucía.

Los empresarios de Andalucía elaboraron un amplio documento con su hoja de ruta para el próximo Gobierno andaluz. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha basado su propuesta para el Parlamento que se constituirá el próximo 27 de diciembre en dos premisas: la libertad de empresa y la estabilidad institucional.

La CEA recuerda que las medidas, que se publicaron en noviembre, fueron realizadas por los servicios técnicos de la organización con las aportaciones de las organizaciones y empresas miembros y que su contenido era total y absolutamente independiente del ideario de cualquier partido político y responderá, sólo y exclusivamente, al interés por cumplir la función constitucional y estatutaria que la Confederación tiene atribuida en defensa y promoción del interés general, a través de la acción de la empresa.

Estas son las 80 medidas que proponen los empresarios de Andalucía para relanzar la economía de la comunidad:

1. Promover medidas y políticas, en general, que contribuyan a crear más empresas y que éstas adquieran más dimensión, evitando discriminar negativamente a las mismas y generar trabas artificiales a su desarrollo.

2. Adoptar medidas para el fomento del empleo en Andalucía, a través de la promoción de una sociedad más empresarial.

3. Ejecutar planes de formación e inserción en colaboración con los sectores empresariales.

4. Fortalecer los instrumentos de detección y retención del talento, especialmente entre la población más joven.

5. Crear un programa de experiencias innovadoras que permitan ampliar y experimentar con medidas, como los programas de primera oportunidad u otras, que tengan un efecto inmediato sobre el empleo.

6. Desarrollar un programa de actuaciones que fomente el uso de los servicios de intermediación por parte de empresarios y autónomos andaluces.

7. Creación de un sistema de evaluación de las políticas activas de empleo, que permitan su constante revisión y adaptación a las demandas del mercado de trabajo.

8. Desarrollo integral del Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2018-2021.

9. Fortalecimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales.

10. Consolidar y agilizar el desarrollo de las medidas en favor del autónomo contenidas en la legislación andaluza, tanto en la Ley de Emprendimiento, como en el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía, favoreciendo además iniciativas como programas de segunda oportunidad, programas de relevo o la ampliación de la tarifa plana.

Javier González de Lara, reelegido presidente de CEA, ha propuesto la consecución de un gran Pacto por la Empresa en Andalucía.11. Articular un programa estratégico de fomento de la participación y colaboración con empresas tractoras, para facilitar que las posibles externalidades productivas se desarrollen por empresas locales.

12. Promover proyectos de cooperación entre empresas sobre la base de iniciativas innovadoras.

13. Potenciar los instrumentos de atracción de inversiones a Andalucía.

14. Dar a conocer e incentivar el uso de la Ley 4/2011 (Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía) y garantizar su efectividad, modificando en su caso, aquello que sea oportuno para lograr aún con mayor eficacia los objetivos perseguidos.

15. Mantener la unidad de mercado.

16. Armonizar los efectos regulatorios y fiscales de las normas autonómicas con las del conjunto del Estado.

17. Modificar la ley de Servicios Sociales de Andalucía facilitando la concurrencia en igualdad de la iniciativa pública y privada, sea ésta lucrativa o no.

18. Modificar la ley del sector Audiovisual de Andalucía facilitando la gestión indirecta de los servicios públicos audiovisuales en el ámbito local.

19. Impulsar políticas que favorezcan la internacionalización de la empresa andaluza.

20. Gestionar política e institucionalmente, con el asesoramiento empresarial, la defensa de los productores andaluces, especialmente ante el Brexit y las medidas proteccionistas de terceros países, ofreciendo las alternativas oportunas.

21. Hacer efectivo el plan estratégico de cooperación al desarrollo, promoviendo que facilite la homogeneización y colaboración en la elección de proyectos finalistas, que además tengan como efecto secundario positivo el incremento del empleo y la actividad económica en Andalucía.

22. Priorizar una estrategia financiera propia, a través de la consolidación de una oferta financiera privada, preferentemente con sede y sentido andaluz, que fortalezca nuestras entidades, su relación con la demanda empresarial y, especialmente, su apuesta por nuestro marco industrial.

23. Fortalecer el Sistema de Garantía Recíproca de Andalucía a través de medidas concretas como el reaval autonómico, los coavales, el fondeo de operaciones, la subvención del coste del aval y la mejora de la fiscalidad de las operaciones.

24. Creación de un espacio de diálogo y análisis sobre las tensiones disruptivas generadas por la actuación de plataformas en desarrollo de la economía colaborativa.

25. Negociación previa (informe de impacto sobre la actividad y el empleo) de aquellas normas que incidan sobre inversiones ya realizadas en función de la normativa vigente.

26. Incrementar las dotaciones presupuestarias en los programas de gasto público regional dirigidos al impulso de la economía, en orden a recuperar niveles pre crisis, y en particular, en los programas de inversión pública, con el objetivo de llegar al 5% del PIB regional.

27. Promover, a través de la planificación sectorial, actuaciones concertadas con sectores empresariales, que incida en la mejora tanto de la incidencia de estos programas sobre el crecimiento de la economía regional, como en el diseño, en especial de las acciones de formación e innovación, sobre la base de las necesidades y demandas empresariales, con una orientación hacia la generación de valor en mercados globales.

28. Reforzar el rigor en las actuaciones administrativas directamente involucradas en la puesta en marcha (en la ejecución) de las medidas concretas programadas.

29. Vincular los contenidos del nuevo marco comunitario de apoyo a Andalucía a iniciativas relacionadas con innovación, digitalización empresarial e infraestructuras para la generación de actividad económica y empleo.

30. Incrementar el esfuerzo inversor en infraestructuras en Andalucía, como elemento facilitador de la competitividad de sus empresas.

31. Promover el mantenimiento del compromiso de inversión con proyectos estratégicos como los corredores ferroviarios, Central y Mediterráneo.

32. Trasladar el Pacto Andaluz por la industria, alcanzado a nivel social, a un gran acuerdo político, de base parlamentaria, que permita una estrategia a más largo plazo y con mayor implicación, priorizando el atractivo de Andalucía como lugar de inversión industrial.

33. Promover la mejora de los instrumentos de apoyo a la minería en Andalucía, tanto los relativos a procedimientos y tramitación de los mismos, como mediante la creación de incentivos, fiscales o de otro tipo.

34. Lograr un sistema de precios de la energía predecible, perdurable y uniforme en todo el territorio español facilitando la competitividad de las empresas en Andalucía, especialmente las que requieren de un alto consumo energético.

35. Analizar el impacto regulatorio y garantizar la planificación para facilitar cubrir la demanda real y la generación de energía renovable.

36. Apoyar una política de gestión de residuos que permita efectivamente su valorización energética cuando no es posible su reciclado por otros medios.

37. Promover un Pacto por la Educación en Andalucía que siente unas bases sólidas de nuestro sistema, impulse la Formación Dual, garantice la continuidad y sostenibilidad de los centros concertados que tengan demanda, y que impida la irrupción de normas sectoriales que incidan sobre el sector de forma desordenada.Imagen del Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz en Sevilla.

38. Incrementar las plazas de financiación pública en los ciclos formativos en Andalucía y adecuar el contenido de su oferta a la demanda real existente.

39. Incrementar el grado de implantación y desarrollo de la Formación Profesional Dual especialmente en el sector industrial y en los entornos rurales.

40. Fortalecer nuestro sistema de innovación, no sólo desde el punto de vista académico e industrial, sino fundamentalmente a través de la mejora de procesos y la introducción de nuevos servicios, sobre todo en los sectores estratégicos del marco competitivo de nuestra economía, impulsando la atracción y retención del talento necesario.

41. Impulsar las políticas de conciliación, adecuando los horarios y facilitando una mejor gestión del tiempo para las personas; así como fortaleciendo los instrumentos de servicios y solidaridad social que faciliten las relaciones familiares e interpersonales.

42. Acometer un estudio adecuado para conseguir un resultado objetivo y real de la situación y facilitar la elaboración del I Plan de Acción contra la Desigualdad Salarial entre mujeres y hombres previsto en la nueva ley de igualdad de Andalucía, contando para ello con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

43. Impulsar el desarrollo de las estrategias de Prevención de Riesgos Laborales.

44. Garantizar la unidad de mercado, de forma que el desarrollo normativo en el ámbito de la salud, posibilite la igualdad de condiciones para el sector agroindustrial andaluz respecto al mercado nacional.

45. Limitar nuevas iniciativas normativas, desarrollar las vigentes (Ley de Salud Pública de Andalucía, Ley del Deporte, Ley de Solidaridad en la Educación, entre otras) y potenciar y dotar económicamente las herramientas ya existentes como el Plan Andaluz de Alimentación Equilibrada y Ejercicio Físico.

46. Promover medidas de sensibilización y puesta en valor de alimentos de calidad y origen andaluz en el propio mercado interno.

47. Facilitar y acompañar a las empresas del sector agrario y agroindustrial en sus procesos de internacionalización.

48. Acordar un marco estratégico voluntario a través del compromiso de las administraciones competentes y las organizaciones empresariales representadas en la cadena alimentaria, para fortalecer el sistema de tratamiento del desperdicio alimentario con el objetivo de su minimización en origen y el uso racional, solidario y sostenible en el marco de la actividad empresarial.

49. Continuar con el desarrollo de la Agenda Urbana de Andalucía, 2030, poniendo en valor los mecanismos que contribuyen al desarrollo empresarial, eliminando obstáculos y facilitando la sostenibilidad económica y ambiental de las ciudades, sin olvidar la incidencia sobre la generación de empleo.

50. Promover un modelo de modernización del sector comercial andaluz sobre la base de la Alianza por el Comercio en Andalucía, acuerdo alcanzado el 25 de octubre en el seno del Consejo Andaluz de Comercio, y que es el principio inspirador del contenido del VI Plan de Fomento del Comercio Interior de Andalucía que deberá ser objeto de desarrollo consensuado en la nueva legislatura política.

51. Facilitar la correcta relación entre oferta y demanda turística, bajo principios de calidad y uso sostenible del territorio.

52. Dotar de más seguridad jurídica al sector del transporte.

53. Fortalecer la garantía de la seguridad ciudadana, sobre todo antes pequeños delitos, con escasa trascendencia penal, pero un importante impacto reputacional en el territorio.

54. Facilitar desde un punto de vista financiero y legal la implantación efectiva de energías renovables y no contaminantes, en un contexto de seguridad jurídica y certeza económica para los posibles inversores.

55. Construir y promover un marco normativo y de acción expresamente diseñado para el desarrollo de actividades de la denominada economía azul (la economía que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento), contribuyendo no sólo a incrementar la actividad empresarial, sino a fijar a la población en el espacio litoral andaluz.

56. Mantener armonizada con la normativa europea y nacional las propuestas en relación al uso de plásticos y su reciclaje, promoviendo conjuntamente con el sector empresarial los mecanismos necesarios de recogida y tratamiento de residuos plásticos.

57. Acometer la modernización y actualización de la normativa ambiental, suprimiendo duplicidades y reduciendo los plazos, todo ello sin alterar el principio de seguridad jurídica.

58. Modernizar y modificar la normativa ambiental y los procesos de planificación introduciendo mecanismos de agilidad administrativa para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en las zonas de protección de Espacios Protegidos y Parques Naturales, todo ello con la voluntad de dinamizar las economías locales.

59. Promover un Plan Estratégico del Agua en Andalucía, desde una visión global, facilitando la modernización de su gestión y la ampliación de su oferta de forma sostenible, anticipando situaciones de desabastecimiento en los sectores productivos , así como invirtiendo en la mejora de su calidad.

60. Armonizar la normativa autonómica con la del conjunto del Estado, en materia de cambio climático impidiendo que puedan surgir elementos que incidan negativamente sobre la competitividad de nuestras empresas, en relación con otras radicadas en otra Comunidad Autónoma de España.

61. Favorecer una amplia participación empresarial en el desarrollo del Plan Andaluz por el Clima que permita delimitar los objetivos concretos a alcanzar y tratar de que los mismos estén alineados con los compromisos internacionales, europeos y nacionales en este ámbito, facilitando la competitividad de las empresas instaladas en Andalucía.

62. Acometer una rebaja de los tipos impositivos aplicados en nuestra Comunidad Autónoma en los que haya una mayor presión fiscal comparativa con otras Comunidades autónomas en las empresas, las rentas y en los ciudadanos.

63. Asegurar la viabilidad de los procesos de relevo generacional en la empresa familiar, dando igualdad de tratamiento fiscal (ISD) al tercio de la herencia que es de libre disposición por parte del empresario fundador, cuando la propia continuidad del negocio, de la empresa, implica asegurar que la gestión recaiga en una persona diferente a los herederos.

64. Suprimir el impuesto autonómico por el uso de bolsas de plásticos, dado que la norma nacional es la efectiva traslación de la normativa europea y, además, la norma andaluza supone un elemento diferenciador negativo para los operadores comerciales respecto a lo establecido en otras CCAA.

65. Facilitar e impulsar el mecenazgo en Andalucía, a través de los instrumentos de política fiscal precisos que contribuyan a fomentar la inversión en cultura, a cambio de estímulos fiscales en el marco de la tributación propia de la Junta de Andalucía.

66. Medidas dirigidas a aflorar actividades en economía sumergida, que suponen una competencia desleal para la empresa.

67. Promover el conocimiento y adhesión a la Declaración de Málaga (declaración de la CEA para promover un desarrollo sostenible) y hacer efectivo en cada ámbito de responsabilidad de los firmantes el compromiso asumido.

68. Fijar la caducidad de los planes normativos de la Junta de Andalucía, así como un período máximo de tramitación entre el acuerdo de inicio por el Consejo de Gobierno y su aprobación por el Pleno del Parlamento de Andalucía, decayendo esa iniciativa transcurrido el plazo acordado.

69. Los informes de la Agencia de Defensa de la Competencia se realizan en una fase muy inicial del procedimiento administrativo de creación de norma, siendo factible que en dicho proceso ni se corrija lo informado por la Agencia, ni se impida que se incorporen contenidos contrarios a esos principios, por lo que se propone que la acción informadora de la Agencia se extienda al conjunto del procedimiento, al menos hasta la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley o del Decreto o instrumento jurídico
que se trate.

70. Es necesario realizar una auditoría de las normas existentes, promover donde sea oportuna su consolidación, evitar los contenidos meramente declarativos y homogeneizar sectorialmente todas aquellas normas que tengan incidencia sobre un sector de actividad.

71.Incrementar la inversión pública en la digitalización de la administración para mejorar la atención a la ciudadanía reducir el gasto y, simultáneamente, adaptar la legislación para facilitar ese objetivo.

72. Extender el silencio positivo como norma general, introducir elementos que penalicen a las administraciones competentes por la falta de emisión de informes en los procedimientos de creación de empresas o aprobación de proyectos.

73. Fijar un calendario anual de incentivos de forma que el administrado pueda ajustar las actividades a incentivar a un período de tiempo cierto, y evitando, en la medida de lo posible, que la tramitación por parte del administrado recaiga en fechas de menor capacidad productiva

74. Impulsar la aplicación efectiva del artículo 6 de la Ley de Participación Ciudadana, en relación con los procesos de participación ciudadana que se desarrollen ante las instituciones que integran la organización institucional de la Comunidad Autónoma y la de las Corporaciones Locales. En el caso de la Comunidad Autónoma, en concreto, en relación al Título IV y al Título VI, Capítulos I y II del mismo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

75. Aprobar la Ley de Participación y Colaboración Institucional de Andalucía.

76. Conocer el grado y forma de cumplimiento efectivo del artículo 165 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: “La Comunidad Autónoma de Andalucía participará en la elaboración de las decisiones estatales que afecten a la planificación general de la actividad económica, especialmente en aquellas que afecten a sectores estratégicos de interés para Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.2. de la Constitución”, así como en general lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo IX. sobre relaciones con el Estado.

77. Alentar y contribuir a la participación efectiva de interlocutores andaluces en los centros de toma de decisión y representación político y social nacionales.

78. Renovar el sistema de financiación autonómico a la mayor brevedad, para facilitar las oportunidades de desarrollo de Andalucía e incidir en su bienestar.

79. Modificar el sistema electoral español para evitar situaciones de inequidad y desigualdad que afectan a nuestro modelo democrático.

80. Fortalecer el diálogo social en Andalucía, a través de la negociación y el acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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