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Decisión de la Justicia

Cuatro claves para entender la sentencia sobre las hipotecas

07 de Noviembre de 2018
Los impuestos que pagan realmente las empresas: cinco preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas para entender la sentencia del Alto Tribunal sobre las hipotecas

Una vez conocida la nota informativa del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) y a la espera de que se conozca la sentencia definitiva, las asociaciones de entidades de crédito quisieron hacer varias consideraciones: El Tribunal Supremo ha confirmado que, como venía ocurriendo hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años, el sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario.

Según las principales asociaciones bancarias, "esta decisión está en línea con el marco jurídico de los países de nuestro entorno". "La decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado", explican.

Estas son las preguntas y respuestas que pueden ayudar a entender qué ocurre en España con el impuesto sobre la constitución de las hipotecas y si la legislación nacional es muy distinta a la de otros países:

¿Quién exige el pago de este impuesto? ¿Son los bancos los que reciben de los clientes el dinero correspondiente al mismo?
Como en el resto de impuestos, la exigencia del impuesto de AJD viene determinada por la regulación fiscal y su recaudación es para las arcas públicas. Los bancos no han cobrado a sus clientes ninguna cantidad por este concepto. Los clientes han pagado el impuesto directamente a las haciendas de las Comunidades Autónomas como consecuencia de lo que establecía el Reglamento del impuesto. Es decir, son las autoridades fiscales las que exigen el pago de este impuesto y quienes lo recaudan. Por lo tanto, los bancos no han recibido cantidad alguna.

Si es el banco el interesado en que exista la hipoteca ¿por qué tiene que pagar el impuesto el cliente?
En un préstamo hipotecario, el préstamo y la hipoteca forman una sola realidad económica. El interesado en el préstamo hipotecario es el cliente, que quiere financiación a largo plazo para comprar una vivienda, en unas condiciones muy favorables en términos de plazo y de tipos de interés. Sin hipoteca, el préstamo tendría unas condiciones menos atractivas, como las que tienen, por ejemplo, los préstamos al consumo, que no tienen una garantía hipotecaria detrás y, por tanto, no se conceden a plazos tan largos ni a tipos de interés tan bajos.

Hay mucha confusión en torno a si la decisión del Supremo tendrá o no carácter retroactivo. ¿Por qué el sector financiero afirma que no debería aplicarse retroactividad alguna?
Los bancos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, a la normativa fiscal vigente desde hace más de 23 años, en concreto de acuerdo al Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado en 1995. Este reglamento, así como numerosas sentencias del Tribunal Supremo (las últimas de noviembre de 2017 de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo y de marzo de 2018 de la Sala Primera, de lo Civil), establecen que es el prestatario, es decir el cliente, el que debe pagar el impuesto de AJD en la constitución de un préstamo hipotecario.

Todo el ordenamiento jurídico español en su conjunto ha entendido siempre que el sujeto pasivo de este impuesto era el cliente. Solo así se entiende, por ejemplo, que se establezcan bonificaciones por edad, minusvalía o familia numerosa, condiciones que sólo se pueden cumplir en los clientes, que la ley de subrogación hipotecaria exima el pago de este impuesto o que en el valor de la casa a efectos de calcular la plusvalía siempre se haya incluido ese impuesto como parte del mismo.

Además, si una sentencia nueva anula una norma vigente hasta la fecha, la ley establece que su aplicación será desde el día en que sea publicado el fallo, es decir, que no debe tener efecto retroactivo. En esto consiste el principio de seguridad jurídica y en eso se fundamenta nuestro estado de derecho, que es una garantía para todos, no sólo para las empresas sino para el conjunto de los ciudadanos. Las entidades de crédito necesitan actuar con seguridad jurídica, sobre todo en el mercado hipotecario dado que los plazos de vigencia de los contratos son muy largos. La regulación hipotecaria debe seguir permitiendo acceder a la propiedad de la vivienda habitual a todas las capas de la población.

¿Es España el único país que aplica este impuesto? ¿En el resto de países quién paga el impuesto?
En los países europeos en los que existen impuestos similares, el sujeto pasivo del impuesto (el que debe pagarlo) es el prestatario, es decir, el cliente. Así ocurre, por ejemplo, en Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Austria. También es así en las comunidades españolas con capacidad normativa en esta materia (País Vasco y Navarra), donde las leyes forales establecen que el sujeto pasivo es el cliente.
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