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Tras la crisis

Recuperar la confianza empresarial, el reto económico del nuevo gobierno catalán

21 de Mayo de 2018
Quim Torra, presidente de la Generalitat.

Quim Torra, presidente de la Generalitat.

El nuevo Govern catalán encabezado por Quim Torra y con Pere Aragonès al frente del departamento de Economía tendrá entre sus retos económicos recuperar la confianza empresarial tras la crisis política en Cataluña. Otro de los desafíos será ejecutar la sentencia judicial que declaró nula la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

La crisis política catalana, que tuvo su punto culminante el pasado 27 de octubre, con la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán, hizo que más de 3.000 empresas catalanas decidieran trasladar su sede social a otras partes de España. El movimiento de sedes, no obstante, arrancó a principios de octubre, cuando la tensión política aumentó y cundió la preocupación sobre la posibilidad de que el Parlament aprobara una declaración unilateral de independencia.

El Banco Sabadell fue la primera gran empresa en mover su sede social fuera de Cataluña, en su caso a Alicante, y luego siguieron sus pasos CaixaBank, que se mudó a Valencia; así como Abertis y Gas Natural, a Madrid, entre muchas otras. El goteo de salidas de sedes sociales, y también fiscales, continuó en los meses siguientes, y a finales de enero el Colegio de Registradores de España precisó que 2.536 empresas catalanas habían completado en 2017 los trámites para trasladar su sede social a otras comunidades.

Especialmente durante el mes de octubre se sucedieron los contactos entre empresarios y miembros del Govern, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, para intentar evitar que se declarara unilateralmente la independencia, la llamada DUI. El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, llegó a reunirse con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a principios de octubre, para pedirle que renunciara a la DUI por los efectos negativos que podría tener sobre la economía catalana, pero finalmente los acontecimientos se precipitaron.

El pronunciamiento unilateral del Parlamento catalán en favor de la independencia enturbió la relación entre la Generalitat y una parte del empresariado catalán, especialmente las grandes empresas, y ahora el nuevo titular de Economía deberá trabajar para reconstruir los puentes rotos con esa parte del empresariado. No obstante, en los últimos meses tanto el Govern como los partidos independentistas han quitado hierro a esta fuga de sedes sociales y han subrayado que no se han trasladado las unidades productivas de estas compañías.

Por otra parte, el nuevo Govern debe cumplir con la sentencia del Supremo respecto a ATLL, que tiene muchas derivadas. En su discurso de investidura, Quim Torra ya avanzó que la gestión de ATLL volverá a ser pública.

De hecho, ya el pasado 21 de febrero el departamento de Territorio de la Generalitat recordó que una disposición incluida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos instaba al Govern a "recuperar la gestión directa" de la compañía. Por otra parte, el Govern deberá devolver de entrada a Acciona unos 308,3 millones, según los cálculos de esta empresa, que también ha avanzado que pedirá ser compensada por los daños y perjuicios ocasionados.

Asimismo, este conflicto tendrá repercusiones de cara al déficit, ya que la Generalitat se apuntó contablemente los 1.000 millones de euros previstos en los 50 años de vida de esta concesión para reducir el déficit publico del año 2012. Más allá de esos dos grandes retos, una de las incógnitas del Govern será conocer qué grado de autonomía financiera tendrá el nuevo ejecutivo catalán una vez levantada la intervención de la Generalitat.

Para ello será clave conocer si el Gobierno catalán vuelve a tener el control sobre los aproximadamente 1.400 millones de euros que recibe mensualmente a cuenta del sistema de financiación autonómica. En un principio, la idea del Gobierno es mantener simplemente las condiciones específicas que impuso a Cataluña a finales de 2015 para poder recibir partidas del Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, la exigencia de un certificado mensual de la Intervención General de la Generalitat que acredite que los pagos realizados por la administración catalana no contravienen el ordenamiento jurídico vigente.
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