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Sociedad Digital

¿Cómo adaptar la legislación actual a la revolución tecnológica?

11 de Mayo de 2018
  • Dani Merino
Es imprescindible que el desarrollo digital se realice de forma coordinada en todas las Comunidades Autónomas, de forma que se garantice el uso de un mismo sistema, con el consiguiente ahorro de costes y homogeneidad en la gestión judicial.

La confianza digital es esencial para que los ciudadanos puedan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la tecnología.

En un mundo cada vez más digitalizado, es imprescindible que las personas puedan confiar en que sus datos son privados, están seguros, y son gestionados de forma anónima. La transparencia, la privacidad y la seguridad son las principales áreas de actuación, según el informe Plan Digital 2025 elaborado por la Confederación Española de Organizaciones y Empresas (CEOE) en materia de regulación digital.

Se trata de garantizar la privacidad de los datos de los ciudadanos. Proporcionar a los usuarios el control de sus datos de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y las leyes nacionales. Además, fomentar la transparencia en lo relativo a sus derechos como usuarios de productos y servicios.

La confianza digital es esencial para que los ciudadanos puedan aprovechar todas las oportunidades que les ofrece la tecnología y, por ende, la confianza del consumidor resulta clave para que la economía digital desarrolle todo su potencial.

En el informe Plan Digital 2025, los expertos explican el desarrollo de un proyecto estratégico en contexto normativo, de cara a la adaptabilidad de los sistemas de justicia a la realidad digital y tecnológica actual

Para su correcta renovación y adaptación el estudio plantea:

1-Analizar los derechos fundamentales ya protegidos a nivel de la Unión Europea, asegurando que la normativa española refleje adecuadamente dicha protección. Los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos no estarán exentos de revisión evitando así redundancias y solapamientos innecesarios.

2-Valorar la elaboración de un catálogo de materias que puedan necesitar ser actualizadas en un ámbito digital. En un análisis inicial y no exhaustivo, este catálogo podría incluir las siguientes materias y conceptos:
 
  • Un pacto digital que tenga una vocación nacional, sin perder de vista que se trata de un fenómeno global. Esto beneficiaría la transparencia, toma de decisiones y la accesibilidad de la ciudadanía a información pública de interés general.
  • Integración del desarrollo de capacidades digitales como parte integral del sistema educativo. 
  • Neutralidad tecnológica y de red, de manera que se proporcione al ciudadano, una experiencia sin restricciones en internet. 
  • Adecuación a la nueva normativa sobre protección de datos, respetando el ejercicio de los derechos de las personas. Poniendo el énfasis en la protección de datos personales, el derecho al anonimato, el derecho al olvido y la inviolabilidad  de los sistemas informáticos, dispositivos y domicilios o la identidad digital.
  • La seguridad en la era digital plantea nuevos retos sobre seguridad interior y exterior para los países. Las medidas adoptadas en este campo deben tener en cuenta el ordenamiento jurídico y los derechos de las personas vigentes.
  • En internet y las nuevas tecnologías, la libertad de expresión, información y la comunicación se debe adaptar a un nuevo entorno. La responsabilidad sobre las publicaciones, difusiones o modificación de audiencias son de suma importancia.
3-Elaborar propuestas específicas que abordarían la modernización y actualización de materias identificadas. En este sentido, la transparencia debería alcanzar tanto a organizaciones públicas como a particulares, siempre que posean informaciones de importancia vital para el ejercicio de derechos y libertades de la persona.
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