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La ecuación más difícil: garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo

21 de Marzo de 2018
Miles de personas se manifiestan por pensiones pese mal tiempo en Pamplona

Los jubilados se han movilizado, con el apoyo de algunos grupos políticos, para pedir un aumento mayor de las pensiones.

Villar López
La revalorización de las pensiones y las movilizaciones de jubilados están copando la agenda política en las últimas semanas. Sin embargo, las recetas que ofrecen los supervisores nacionales e internacionales o los partidos políticos son diversas. Lo más difícil es lograr cómo garantizar, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y el poder adquisitivo de los pensionistas.

El Banco Central Europeo (BCE), en su último informe mensual, considera, por ejemplo, que el aumento de la edad de jubilación es más positivo para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población que la reducción de las pensiones. El documento advierte de que el envejecimiento de la población tendrá importantes implicaciones macroeconómicas y fiscales para la eurozona y representará un desafío para que los países del área puedan reducir su endeudamiento y asegurar su sostenibilidad fiscal a largo plazo.

La entidad señala que, tras la crisis financiera, muchos países llevaron a cabo reformas de las pensiones, aunque indica que su ritmo se ha ralentizado con la recuperación económica y considera que su continuación es "esencial" y "no debe retrasarse".

En España, las pensiones se revalorizarán, salvo que haya superávit de la Seguridad Social o en las cuentas públicas, un 0,25% cada año. Aunque hay ejercicios en los que los jubilados han ganado poder adquisitivo ya que el IPC se encontraba en negativo, en la actualidad podrían empezar a sufrir una pérdida de poder adquisitivo.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha augurado que las pensiones se revalorizarán un 0,25% "prácticamente todos los años en las próximas décadas".

Durante la presentación de las proyecciones macroeconómicas de la economía española de la entidad, Hernández de Cos consideró que las reformas de 2011 y 2013 sí serán suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio plazo siempre que se mantenga en un "contexto económico boyante". Es decir, que si se produce una nueva recesión el sistema podría verse en peligro.

El economista del Banco de España también alertó de que si las pensiones se suben por encima del 0,25% que contempla el índice de referencia de las pensiones, sería necesario "tocar otros parámetros", ya sea de ingresos o de gastos.

Esta es la razón que han llevado a algunos grupos políticos como el PSOE a proponer crear un impuesto a la banca, que repercutiría al final en los depositantes, entre los que también se encuentran, por cierto, los jubilados.

El Gobierno, en cambio, se decanta por ahora por financiar una subida mayor del 0,25% de las pensiones mínimas y de viudedad con los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que en vez de sostener las pensiones sólo con las cotizaciones sociales (con el correspondiente impacto en el déficit de la Seguridad Social que tendría) el incremento de las pensiones adicional se pagarían con los impuestos.

Recientemente, un estudio de Afi y de la patronal UNESPA mostraba que las reformas de 2011 y 2013 provocarán una caída media del poder adquisitivo de alrededor de 350 euros al mes a una persona que se retire hoy a lo largo de su vida como jubilado.

El informe de Afi y UNESPA abogaba porque las rentas vitalicias (rentas “para toda la vida” constituidas a partir del ahorro previsional realizado gradualmente durante la vida laboral o a partir de un patrimonio también acumulado previamente) se conviertan en el futuro en el instrumento para complementar la pensión pública de jubilación, lo que aliviaría las presiones que existen sobre el sistema público de pensiones y contribuirían a garantizar su sostenibilidad.

De hecho, la caída de las pensiones que se producirán por las últimas reformas repercutirán en la macroeconomía y no sólo afectarán a los beneficiarios de las prestaciones en el futuro.

Según los datos de UNESPA y de Afi, la reducción del poder adquisitivo de las pensiones públicas podría provocar un descenso anual medio del empleo del 1,5% entre 2017 y 2035 (unos 330.000 empleos equivalentes a tiempo completo); y un descenso similar del producto interior bruto (PIB).

Las proyecciones de población, salvo que se produzca un boom de natalidad o un aumento inesperado de la población joven, demuestran que será necesario dar nuevos pasos en el marco del Pacto de Toledo en España si se quiere garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y, al mismo tiempo, que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, dos aspiraciones que serán difíciles de mantener al mismo tiempo.
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