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Cuarta Revolución

¿Digitalización de los juzgados en la España de las autonomías?

07 de Marzo de 2018
Uno de los problemas principales proviene por la dispersión autonómica, ya que la mayoría de las comunidades han abordado la transformación digital por su cuenta y muchas de las innovaciones puestas en marcha, en lugar de ser avances pueden ser considerados atrasos.

Uno de los problemas principales proviene por la dispersión autonómica, ya que la mayoría de las comunidades han abordado la transformación digital por su cuenta y muchas de las innovaciones puestas en marcha, en lugar de ser avances pueden ser considerados atrasos.

Aunque la nueva era digital ofrece enormes posibilidades para optimizar recursos, facilitar la comunicación y garantizar a las empresas un acceso ágil a la Justicia, aún hay muchas tareas pendientes.

Uno de los problemas principales proviene por la dispersión autonómica, ya que la mayoría de las comunidades han abordado la transformación digital por su cuenta y muchas de las innovaciones puestas en marcha, en lugar de ser avances, pueden ser considerados atrasos.

El informe “Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la economía”, elaborado por CEOE y el Consejo General de Economistas de España, destaca que “existen en la actualidad hasta 12 sistemas” diferentes desarrollados por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado (AGE) para la gestión procesal y avisa: “Algunos son incompatibles entre sí”.

Según el informe de CEOE y el Consejo General de Economistas, “es necesario que en todo el territorio nacional exista una única aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico, para lo que se requiere una inversión en medios humanos y materiales”.

Por ejemplo, aunque en España se están llevando a cabo reformas para digitalizar la Justicia (Lexnet), también es cierto que en comparación con otros países los recursos que se destinan al avance tecnológico de los juzgados nacionales son aún insuficientes.

Una referencia puede ser Reino Unido, que tiene previsto dedicar 700 millones de libras en los próximos cuatro años para dar un salto digital en su Justicia. Asimismo, los expertos coinciden en señalar que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene unos niveles de digitalización mucho más desarrollados que el que existe en los juzgados.

Aunque en algunos informes se habla de que la mayoría de los documentos que se presentan en los tribunales ya están digitalizados, la mayoría de estos escritos no puede calificarse de documentos electrónicos, ya que son meras imágenes de documentos escaneados en la mayoría de las ocasiones (con formato pdf), a los que no se pueden aplicar herramientas de búsqueda o a los que no se pueden insertar hipervínculos.

A esto se suma que, por el peso de estos archivos, se bloquean o ralentizan los sistemas informáticos, creando un efecto contraproducente.
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