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Real decreto ley

De Guindos confía en que la reforma del sector de la estiba "se reconduzca"

21 de Marzo de 2017
Han decidido suspender dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado, las fijadas para los días 6 y 8 de marzo.

España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, confió en que la reforma del sector de la estiba se "reconduzca" y que los grupos políticos que votaron en contra del real decreto ley aprobado por el Gobierno o se abstuvieron cambien de actitud.

"Espero que el tema se reconduzca, que los grupos que votaron en contra o se abstuvieron se acaben convenciendo de la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria. Que un parlamento no puede ir en contra de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo", dijo De Guindos a su llegada al Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

El ministro recordó que la multa que se juega España "son 134.000 euros, algo más, al día que es una cuestión bastante importante", e indicó que la sanción "es en última instancia el reflejo de la falta de cumplimiento por parte de España, de lo que se acordó por parte del Tribunal de Luxemburgo". Según el ministro, "en estas cuestiones la UE es un club y tenemos que respetar todos los planteamientos que hace".

Indicó que "se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una sentencia" que indica que "hay un régimen laboral en España que incumple todos los principios, que de alguna forma informan lo que tiene que ser en funcionamiento de la UE". El Gobierno, añadió De Guindos, "mandó un real decreto ley" e hizo "todo lo que podía hacer al respecto".

La reforma del sector de la estiba, exigida por la Comisión Europea (CE) y el Tribunal de Justicia comunitario, volvió el pasado 16 de marzo a la mesa de negociación tras la decisión del Pleno del Congreso de derogar el real decreto ley del Gobierno, algo que sólo ha ocurrido otras dos veces en democracia.

Según la CE, España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no liberalizar el sector de la estiba, pero si podría librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con sus obligaciones antes de que la Corte dicte un segundo fallo.


 
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