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ANÁLISIS DEL IEE

¿Es beneficioso o perjudicial para los trabajadores subir el salario mínimo?

01 de Febrero de 2017
Aunque algunos colectivos piensan que la respuesta a esta pregunta es que mejorar el salario mínimo (SMI) es beneficioso para los empleados, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha hecho un informe en el que sostiene que el incremento del SMI es dañino para los trabajadores más vulnerables del mercado laboral. Especialmente para los que tienen una menor renta y para los más propensos a perder el empleo y a permanecer en el paro.

José Luis Feito, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, ha elaborado un documento de trabajo en el que llega a la conclusión de que la subida del coste salarial mínimo aumentará el peso de la contratación temporal, reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo. Asimismo, la medida que ha aprobado el Gobierno para 2017 podría incrementar el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación.

También puede incentivar la economía sumergida, algo que ya ocurrió cuando se subió el salario mínimo en las legislaturas de Zapatero (2004-2011).

El IEE deja claro que esto no implica que el nivel actual del salario mínimo sea la principal causa del paro estructural ni que se vaya a coartar significativamente la creación de empleo a corto plazo. Ya que la recuperación sigue su curso.

Pero sí podría convertirse en una piedra en el camino más para un país como España que tiene una tasa de paro más elevada que el resto de los países europeos.

Feito explicó a los periodistas durante la presentación del informe que “de todos los países con SMI España es el único que establece el mismo nivel de salario para los jóvenes y el resto de los trabajadores”. Puso el ejemplo de Alemania, en el que el salario mínimo es creciente. Y explicó que en los países más ricos de Europa, como los escandinavos, no existe SMI.

La proporción del total de asalariados cercanos al salario mínimo, al inicio de 2017, es del 3,6%. Aunque no es una cifra muy elevada tampoco es despreciable y es sensiblemente superior a la de 2015 (2,5%). Sin embargo, el problema es que sí que es representativo el salario mínimo para los jóvenes de entre 18 y 24 años (el 18,5% de este colectivo) y para las ocupaciones no cualificadas (12,3%).

Es decir, que estos grupos del mercado laboral serían los más perjudicados cuando se sube el salario mínimo, ya que el SMI se convertiría en una barrera para que accedan a un empleo o para que su puesto de trabajo deje de ser temporal y pase a ser indefinido.

El Instituto de Estudios Económicos explica que “cuando el paro estructural es muy elevado, y es especialmente alto entre los jóvenes y los menos cualificados, aun cuando la cobertura del SMI entre los asalariados empleados fuera muy baja, el nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte muy significativa de los parados”.

El documento plantea la siguiente pregunta: “Si el SMI fuera inferior al actual o inexistente o significativamente más bajo para los jóvenes de menos de 20 años, ¿en cuánto se reduciría el desempleo?”.

El IEE reconoce también que la población trabajadora española tiene dos rasgos diferenciales que, combinados con las también diferenciales distorsiones del entramado institucional de nuestro mercado de trabajo, harán que el paro estructural entre los jóvenes y los menos cualificados siga siendo muy elevado en España mientras dichos rasgos y rigideces institucionales persistan”. Estas rigideces son la baja cualificación de los trabajadores inmigrantes en España en comparación con la media de la OCDE y las altas tasas de abandono escolar.

La conclusión de Feito es que “con una población activa en la que existen bolsas tan amplias de trabajadores de baja o muy baja cualificación, y por tanto con productividad muy baja, los niveles anteriores, y aún más los actuales, del coste salarial mínimo (también de los salarios mínimos de algunos convenios) tienen, por fuerza, que estar reprimiendo los flujos de creación de empleo y salida del paro”.

Y concluye el documento del IEE: “La política puede establecer, por ley, un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida de dicho empleo”.

Es decir, que si el coste salarial mínimo en términos reales asciende hasta un determinado nivel, los trabajadores empleados o parados cuya productividad sea inferior a dicho nivel tendrán un riesgo elevado de perder su empleo o de permanecer en el paro”.
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