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La demanda de cemento repunta un 11,7 % en abril y encadena 14 meses al alza

18 de Junio de 2018
Oficemen alerta que la subasta 2018 del servicio de interrumpibilidad eléctrica pone en riesgo la producción de cemento en nuestro país.

La demanda de cemento volvió a crecer a un ritmo de dos dígitos, aunque su incremento fue inferior al registrado en enero (13,83%) y febrero (14,53%).

La demanda de cemento repuntó un 11,7% en abril tras la desaceleración registrada en marzo por el efecto del calendario y el clima y, aunque este indicador encadenó 14 meses en positivo gracias al empuje de la vivienda residencial, siguió lejos de los niveles alcanzados en los dos primeros meses del año.

Con los datos de abril, la demanda de cemento volvió a crecer a un ritmo de dos dígitos, aunque su incremento fue inferior al registrado en enero (13,83%) y febrero (14,53%), según los datos ofrecidos por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen). Esta tendencia se rompió, sin embargo, en marzo, cuando el crecimiento se situó por debajo del 10%, concretamente, en el 9,97%.

En los últimos meses analizados (mayo de 2017-abril de 2018) la patronal cementera estima que se consumieron 12,4 millones de toneladas de cemento en España, lo que supone 1,25 millones de toneladas más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, siendo la nueva vivienda residencial el principal motor de este crecimiento.

Pese a este incremento, Oficemen pone de manifiesto el descenso que experimentaron las exportaciones de cemento y clínker, con una caída del 8,2% en términos de año móvil como consecuencia, principalmente, del aumento de los costes eléctricos.

Tras ello, el cemento de fabricación española suma 11 meses en números rojos en los mercados exteriores, según apunta la patronal, que recuerda que en el último mes el Mw/h ha subido 12 euros.

Además, la asociación prevé que continúe el deterioro del sector como consecuencia de los resultados negativos obtenidos en la última subasta del servicio de interrumpibilidad y el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, que impactará negativamente en la balanza de pagos de España.
 
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