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La consolidación fiscal en España: pensando más allá de fin de año

15 de Diciembre de 2017
  • Santiago Lago Peñas
En las administraciones de las Comunidades Autónomas, el plazo de pago se reduce hasta los 57 días.

La AIReF considera factible pero ajustado el cumplimiento generalizado del objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas; e “improbable” o “muy improbable” en Cataluña, dependiendo de la prolongación o no de la actual crisis.

Santiago Lago Peñas, director del Foro Económico de Galicia, responsable de la Cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Vigo, investigador del Institut d’Economía de Barcelona.
El Plan Presupuestario 2018, que suple a los PGE-2018 todavía no aprobados, proyecta una reducción significativa de la tasa de crecimiento del PIB desde 3,1% de 2017 a 2,3% en 2018. Esta previsión y, en general el cuadro macroeconómico, es considerada realista en su conjunto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y se sitúa por debajo del consenso de Funcas.

Por su parte, el objetivo de déficit para 2018 (-2,3% en términos de PIB) supone un recorte del 0,8 puntos porcentuales en el objetivo de 2017 (Cuadro 1). Un objetivo que se sitúa una décima por encima de lo que establece el Programa de Estabilidad 2017-2020 y que se hace gravitar casi en exclusiva sobre el efecto del ciclo económico, con un recorte marginal en el déficit estructural, de una décima (cuadro 2).

Este escenario ha generado críticas de la Comisión Europea, que en una carta al Gobierno español ha incidido en la desviación al alza de la senda, en la ausencia de medidas discrecionales correctoras y en la necesidad de aprobar los PGE-2018 lo antes posible.

grafico 1

La AIReF considera que sería factible alcanzar ese objetivo de -2,3%. No obstante, su evaluación depende de que la previsible desviación de la Administración central y la Seguridad Social pueda ser compensada con el margen positivo de las Corporaciones Locales y de que no se extienda la incertidumbre derivada de la crisis política en Cataluña al conjunto del año 2018.

Por lo que respecta al subsector de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta las consecuencias de la actualización del escenario macroeconómico y su impacto sobre las entregas a cuenta, la AIReF considera factible pero ajustado el cumplimiento generalizado del objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas; e “improbable” o “muy improbable” en Cataluña, dependiendo de la prolongación o no de la actual crisis.

Las previsiones para el déficit esperado en 2018 elaboradas por otros organismos son ligeramente más desfavorables, en un intervalo que va de -2,4% a -2,6%.

El cuadro 2 muestra la dinámica del déficit público total, el déficit estructural y el output gap desde 2016 hasta 2020 que aparece en el Plan presupuestario del gobierno. En un escenario de rápido tránsito del output gap desde valores negativos a positivos (casi 6 puntos de recorrido entre 2016 y 2020), el saldo total mejoraría 4 puntos porcentuales, pero seguiría en negativo, con un saldo estructural que apenas caería (-2,5% en 2016 y -1,9% en 2020).

Por tanto, la senda es escasamente ambiciosa y admite la persistencia de un déficit estructural que impide el juego de los estabilizadores automáticos y el recurso a los instrumentos discrecionales en la próxima crisis a la que se enfrente la economía española; al tiempo que ralentiza el retorno de la ratio de deuda pública sobre el PIB al umbral del 60%.

grafico 2

Sin duda, el sistema fiscal español requiere una reforma profunda que le permita ganar en suficiencia, equidad y eficiencia. En los años previos a la crisis (2006 y 2007) España alcanzó notables superávits presupuestarios de la mano de unos ingresos fiscales hinchados por la burbuja inmobiliaria. Un espejismo.

La recuperación económica ha vuelto, pero no la burbuja y por eso la elasticidad de la recaudación tributaria al crecimiento del PIB está siendo sistemáticamente menor a lo que se presupuesta.

El ajuste fiscal pasado y futuro (Gráfico 1) se concentra en el recorte o contención de los programas de gasto y parece orillar las actuaciones por el lado tributario. Pero esa estrategia es insuficiente para eliminar el déficit estructural.

Como argumenta desde fuera el FMI en el documento citado y desde dentro sucesivos informes, como los elaborados por Funcas o el de la propia Comisión de expertos creada por el Gobierno en 2014, toca también actuar por el lado de los ingresos, donde el espacio de mejora es muy amplio.

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