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El galimatías de los tributos

06 de Septiembre de 2017
  • Valentín Pich
En una gran parte de países de la UE, las cotizaciones sociales de los empresarios tienen un peso importante en la recaudación de impuestos.

En una gran parte de países de la UE, las cotizaciones sociales de los empresarios tienen un peso importante en la recaudación de impuestos.

Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas
Es obvio que una de las principales finalidades de los impuestos es conseguir recursos para poder soportar el gasto público; pues bien, algunos impuestos ni tan siquiera recaudan lo necesario para sufragar sus costes de gestión, por lo que antes de implantar nuevos gravámenes sería conveniente realizar un análisis coste-beneficio y, a ser posible, considerar también el gasto en personal técnico o en procedimientos de revisión administrativos y judiciales.

En cuanto a los impuestos propios de las Comunidades Autónomas, deben respetar determinados límites, como no hacer tributar hechos imponibles ya gravados por las Corporaciones Locales o por el Estado. Quizá por ello, estas Administraciones han desarrollado un esfuerzo imaginativo para diseñarlos y así, hasta febrero de este año, había nada más y nada menos que 79 impuestos propios, si bien algunos de ellos han quedado sin efecto, bien por estar bonificados en su totalidad o por haber sido declarados inconstitucionales.

Si vemos la recaudación que consiguen, nos damos cuenta de que en 2015 solo recaudaron de media el 2,2% de los ingresos tributarios de las Comunidades –casi 2.000 millones de euros en términos absolutos–, aunque en alguna Autonomía ese porcentaje es mayor.

Otro factor a tener en cuenta es que los objetos imponibles gravados por las Comunidades suelen ser muy parecidos entre las mismas, pero la forma de calcular las cuotas es muy distinta, como ocurre por ejemplo en los tributos sobre el agua –siendo estos, precisamente, los que aportan más de las tres cuartas partes de la recaudación–. Esto no hace más que añadir complejidad al sistema, por lo que quizá sería oportuno que, de la misma forma que sucede con la Ley de Haciendas Locales respecto a las ordenanzas fiscales, se diera un marco normativo común para determinados tributos –por ejemplo, medioambientales–, y se dejara capacidad normativa a las Comunidades para que graduaran la cuota a pagar.

En definitiva, se trataría de aportar racionalidad a este galimatías de tributos propios, para hacerlo más compresible y más eficaz desde el punto de vista recaudatorio, y para obtener mayor seguridad, lo que permitiría reducir la alta litigiosidad que tiene actualmente y dinamizar la economía, ya que la proliferación indiscriminada de tributos puede desmotivar la implantación de empresas.

En cuanto a la Administración Local, los impuestos que la Ley de Haciendas Locales atribuye a estas Administraciones como obligatorios son el IBI –que recae sobre inmuebles rústicos y urbanos–, el Impuesto sobre Actividades Económicas –que en estos momentos solo pagan entidades con más de un millón de euros de ventas– y el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Además, los ayuntamientos tienen capacidad para establecer, por ejemplo, los tipos impositivos o determinadas bonificaciones, aspectos capitales en la cuantificación de la deuda tributaria, aunque en algunos casos dentro de un rango fijado por la ley.

No obstante, no se pueden obviar problemas como el excesivo peso recaudatorio del IBI, basado fundamentalmente en los inmuebles urbanos, que se gravan también en el Impuesto sobre el Patrimonio y, teniendo en cuenta, además, que a las segundas residencias se les atribuyen rentas estimadas en el IRPF, en algunos consistorios ya se plantean la rebaja del mismo.

Como impuestos voluntarios se les adjudican la llamada Plusvalía Municipal, cuya reforma se realizará en breve como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y un impuesto sobre Cotos de Caza.

En cuanto a las tasas –el otro importante granero recaudatorio para estas entidades–, tienen libertad para establecerlas cuando el ciudadano utiliza de manera privada o especial el dominio público o si recibe un servicio de su competencia.

Estos tributos tienen el problema de que muchos de ellos gravan el mismo objeto imponible en los distintos municipios, pero que se configuran de diferente manera para cuantificar el importe a pagar. Seguramente sería más eficaz armonizar las tasas más comunes por norma estatal, como ocurre con otros tributos municipales, y dejar a las corporaciones locales algún grado de libertad para fijar determinados parámetros que inciden en el importe a pagar.

Para terminar, me gustaría mencionar otra cuestión sobre la que convendría reflexionar; me refiero al hecho de que solo determinados ayuntamientos puedan crear órganos económico-administrativos, por lo que los contribuyentes que residen en municipios donde no existen estos órganos, si no están conformes con una liquidación tributaria local, tienen que acudir a la vía contencioso-administrativa, ya que no pueden acceder a la económico-administrativa previa que es gratuita, y muchas veces desisten por los costes que tienen que asumir.
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