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Orden Europea de Retención de Cuentas

Facilitar el cobro de las deudas transfronterizas

04 de Agosto de 2017
  • Ramón Hernández Peñasco
Según las últimas previsiones publicadas por la Comisión Europea, las exportaciones de la UE crecerán este año a mayor ritmo que en el ejercicio 2016.

El Reglamento pretende armonizar dentro de la UE un procedimiento mediante el cual el acreedor pueda obtener una orden judicial.

Ramón Hernández Peñasco es socio de Legal Field, Consultores y Abogados
Hace ya años que las empresas españolas iniciaron un importante proceso de internacionalización, lo que ha representado una auténtica “tabla de salvación” para muchas de ellas durante los años de la crisis económica.

Las estadísticas oficiales reflejan un incremento significativo del volumen económico de nuestras exportaciones y, además, un aumento también importante en el número de empresas españolas que exportan sus bienes y servicios de forma regular.

Uno de los riesgos que cualquier exportador debe tener en cuenta en el desarrollo de su actividad es el riesgo de crédito de sus clientes, esto es, la posibilidad de que los destinatarios de los bienes o servicios objeto de la exportación no atiendan sus obligaciones de pago en los términos convenidos.

La práctica comercial ha ido desarrollando diversos mecanismos dirigidos a reducir o garantizar el riesgo de crédito (seguro de crédito a la exportación, apertura de créditos documentarios, depósitos en garantía o “escrow accounts”, cartas de crédito y otras garantías bancarias, etc.).

No obstante, a veces es inevitable que una parte de la deuda no esté dotada de garantías, por lo que el titular del crédito se ve obligado a formular la correspondiente reclamación cuando se produce un impago.

Con la finalidad de agilizar y simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil que se estén reclamando judicialmente, en el año 2014 se aprobó el Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas.

La citada norma resulta aplicable únicamente desde el pasado 18 de enero de 2017, por ello, es posible que algunas empresas exportadoras no la conozcan todavía.

El Reglamento pretende armonizar dentro de la UE un procedimiento mediante el cual el acreedor pueda obtener una orden judicial, con la finalidad de evitar la transferencia o retirada de fondos existentes en cuentas bancarias establecidas a nombre del deudor o de otra persona que actúe por cuenta de éste, poniendo con ello en peligro la ejecución del crédito.

Conviene señalar que el Reglamento no se aplica a cualquier reclamación de deuda, pues quedan fuera de su ámbito las materias fiscales, aduaneras o administrativas, la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad, las cuestiones relacionadas con las sucesiones, con el régimen matrimonial y con los procesos de insolvencia, así como las deudas con la Seguridad Social y los asuntos sometidos a arbitraje.

El Reglamento es aplicable a deudas pecuniarias en materia civil y mercantil que tengan carácter “transfronterizo”, entendiendo que se da dicho carácter cuando la cuenta bancaria objeto de la retención se encuentra establecida en un Estado de la UE que no sea el Estado del órgano judicial al que se solicite la orden de retención ni el Estado miembro del domicilio del acreedor.

Para poder solicitar la orden de retención, se requiere que el acreedor esté domiciliado en un Estado miembro y que la cuenta bancaria esté localizada en la UE, pero no es necesario que el deudor tenga el domicilio en un Estado miembro.

La orden de retención puede solicitarse en cualquier momento, esto es, antes, durante o después de que se haya obtenido la correspondiente resolución judicial por la que se obligue al deudor a pagar la deuda.

Para poder dictar la orden, el órgano jurisdiccional deberá haber recibido del acreedor pruebas suficientes para convencerle de que existe la necesidad urgente de dictar la orden de retención, por existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución posterior del crédito se verá impedida o resultará considerablemente más difícil.

Si en el momento de solicitar la orden el acreedor aún no ha obtenido una resolución por la que se exija al deudor pagar la deuda, el acreedor deberá presentar también pruebas suficientes para convencer al órgano judicial de que su pretensión frente al deudor tiene probabilidades de prosperar en cuanto al fondo del asunto (“apariencia de buen derecho”).

En este último caso, el acreedor deberá prestar caución por el importe que el órgano judicial considere suficiente para garantizar al deudor la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en caso de una actuación abusiva o de mala fe por parte del acreedor.

Es importante destacar que la emisión de la orden de retención por parte del juez se lleva a cabo sin dar audiencia al titular de la cuenta, lo que persigue evitar el riesgo de que el deudor pueda disponer de los fondos situados en la cuenta.

En cuanto a las formalidades a seguir para solicitar la orden de retención, el Reglamento de Ejecución 2016/1823 incluye como anexo un formulario de solicitud, lo que facilitará la ejecución de sentencias favorables al acreedor; mediante la cumplimentación del citado formulario el acreedor podrá obtener la retención de la cuenta sin tener que homologar previamente la sentencia para que ésta resulte ejecutable en el país donde esté establecida la cuenta, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes.

El Reglamento permite, al acreedor que haya obtenido una resolución judicial favorable a sus intereses, la solicitud de información sobre las cuentas bancarias extranjeras del deudor cuando este acreedor tenga motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado, pero no conozca el nombre o la dirección, el IBAN, el BIC u otro dato de la entidad bancaria que permita identificarla.

El plazo para dictar la orden de retención de cuentas es de 5/10 días hábiles, en función de si en el momento de la solicitud existe ya resolución judicial favorable al acreedor. El Reglamento dispone que la entidad financiera tiene que cumplimentar la orden “sin demora”, debiendo proceder a la retención de la cuenta por el importe especificado en la orden.

En conclusión, supone un importante instrumento de cooperación jurídica entre los Estados miembros que conviene que nuestras empresas con negocios en el exterior tengan presente a la hora de reclamar el pago de sus deudas por operaciones transfronterizas.
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