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La separación del socio por falta de reparto de dividendos

12 de Junio de 2017
  • Ramón Hernández Peñasco
Ramón Hernández Peñasco, socio de Legal Field, Consultores y Abogados
La inmensa mayoría de nuestras pequeñas y medianas empresas, e incluso algunas de las grandes (sin contar las cotizadas) son sociedades anónimas o limitidas “cerradas”, esto es, sociedades con un marcado carácter “personalista”, en las que sus socios se mantienen estables en el tiempo y en las que, en muchos casos, dichos socios participan directamente en la gestión de la compañía.

Se trata de sociedades en las que la aportación de cada socio es monitorizada de forma permanente por los demás, lo que genera inevitablemente conflictos entre socios (“yo he puesto más que tú y los dos cobramos lo mismo”, “tú apareces por aquí un rato y yo echo catorce horas diarias”, etc.). ¿A quién no le suenan estas expresiones u otras similares?

Cuando la participación de los socios no es homogénea, estos conflictos se trasladan a la junta general de la sociedad, en la que el socio mayoritario tratará de imponer su voluntad sobre el minoritario, a veces por razones más emocionales que objetivas. Una de las materias en las que, de forma recurrente, se produce esa imposición de la mayoría sobre la minoría, es la del reparto de dividendos, esto es, de los beneficios obtenidos por la sociedad tras atender sus obligaciones legales.

En general, el socio más implicado en la gestión del negocio suele preferir que no se repartan dividendos y que se apliquen los beneficios a reforzar el balance de la sociedad y/o a acometer nuevas inversiones, mientras que los socios no gestores preferirán normalmente cobrar su dividendo, pues consideran que éste constituye la rentabilidad de lo que para ellos es una mera inversión financiera.

Si bien las decisiones en la junta general se adoptan en base al principio mayoritario, el legislador ha tratado de evitar que, en materia de reparto de dividendos, el socio mayoritario “oprima” ilegítimamente al minoritario, obligando a este a no recibir, de forma ilimitada en el tiempo, ningún retorno por su participación en la sociedad. Conviene señalar que, en muchos de estos casos, el socio mayoritario percibe rendimientos de la sociedad por vías distintas del dividendo (por ejemplo, mediante una retribución por su trabajo), por lo que la permanente y sistemática denegación del dividendo puede constituir un abuso en perjuicio del minoritario.

Para paliar esa situación, en 2011 se introdujo en la Ley de Sociedades de Capital el artículo 348 bis, que faculta al socio que hubiera votado a favor del reparto del dividendo a “separarse” de la sociedad si se cumplen las siguientes condiciones: (i) que hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil; (ii) que la junta general no haya acordado, contra la voluntad expresa del socio, el reparto de un dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenido durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. La decisión del socio de separarse de la sociedad podrá ejercitarse dentro del mes siguiente a la  celebración de la junta general ordinaria que hubiera denegado el reparto del dividendo y el importe que se deberá hacer efectivo a dicho socio es el valor razonable de su participación, calculado de común acuerdo entre el socio y la sociedad o, en su defecto, por un experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil.

La vigencia del citado artículo fue suspendida unos meses después de su entrada en vigor, habiéndose mantenido la suspensión hasta el pasado 31 de diciembre de 2016. La suspensión se justificó, entre otras razones, en la maltrecha situación financiera de muchas de nuestras pymes como consecuencia de la crisis económica, que podía agravarse en el caso de reparto de dividendos. No obstante, desde el 1 de enero de 2017 el precepto ha recuperado su vigencia, por lo que no es nada descartable que más de un socio minoritario invoque su aplicación si ve rechazada por la junta general su propuesta de reparto de dividendos. Es más, ya existe precedente judicial en relación con este derecho de separación en un caso producido durante su escasa vigencia temporal anterior (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2015, que dio la razón a los socios que instaron su separación de la sociedad).

La redacción del artículo ha sido muy criticada, por la ambigüedad de la expresión “beneficios propios de la explotación del objeto social”, que admite interpretaciones diversas. Tampoco está claro si en los estatutos de la sociedad o en un pacto de socios se podrá pactar la renuncia al ejercicio del derecho de separación por la causa a la que nos venimos refiriendo, aunque en nuestra opinión sí que debería admitirse dicha renuncia si se asume por unanimidad de los socios.

Sí que cabrá, lógicamente, que el socio que se encuentre legitimado para separarse de la sociedad no ejercite su derecho, para lo cual bastará con que deje transcurrir el plazo del mes antes señalado. También se plantean otras cuestiones a las que no podemos en este momento prestar la atención requerida por falta de espacio, como, por ejemplo, si el socio minoritario se ve afectado en su derecho por el compromiso de no repartir dividendos, asumido por los representantes de la sociedad frente a terceros (por ejemplo, frente a la entidad bancaria que ha concedido financiación a la sociedad, hasta que dicha financiación sea reembolsada total o parcialmente).

En fin, nuevos litigios llaman a la puerta de nuestros ya colapsados juzgados y tribunales.
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