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Candidato al Eurogrupo

Pierre Gramegna, el luxemburgués que lidia con la etiqueta de paraíso fiscal

04 de Diciembre de 2017
El ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna.

El ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna.

El liberal Pierre Gramegna, candidato a hacerse con la presidencia del Eurogrupo, es desde 2013 ministro de Finanzas de Luxemburgo, sillón desde el que brega con la imagen de paraíso fiscal que se ha granjeado el Gran Ducado a base de escándalos sobre su trato preferencial a las multinacionales.

Diplomático de carrera reconvertido en lobista, tiene fama de moderado en el foro de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, donde la crisis ha forjado con frecuencia una dicotomía entre defensores y detractores de la austeridad.

Nacido en 1958 en la francófona Esch-sur-Alzette, la segunda ciudad más importante de un país minúsculo -apenas 600.000 habitantes- y trilingüe, Gramegna se licenció en Derecho y Economía en la Universidad Panthéon-Assas de París.

Nada más salir de la universidad, en 1983, comenzó su carrera diplomática, primero en el Ministerio de Exteriores en Luxemburgo y desde 1988 como consejero de la Embajada en París, hasta ser nombrado en 1992 cónsul en San Francisco (Estados Unidos) y embajador ante Japón y Corea del Sur en 1996, cargo que ejerció hasta 2002.

En 2003 dio el salto al sector privado y asumió la presidencia de la Cámara de Comercio hasta 2013, compaginando el puesto con su actividad como presidente de Cargolux Airlines y en el consejo de administración de otras empresas, como la Bolsa de Luxemburgo o BNP Paribas Luxemburgo.

En octubre de 2013 fue nombrado ministro de Finanzas en el Gobierno liderado por su formación, el liberal Partido de Democrático del primer ministro Xavier Bettel, con la misión de consolidar las finanzas públicas y mantener el atractivo de Luxemburgo para las grandes empresas y la banca, pero reforzando la transparencia y colaborando con sus socios europeos en los esfuerzos internacionales para atajar la evasión fiscal.

Apenas un año después de llegar al cargo, esta voluntad se puso a prueba con el estallido en 2014 del escándalo LuxLeaks, 28.000 documentos filtrados que revelaban que Luxemburgo permitió a gigantes como Ikea, Pepsi, Burberry o Procter & Gamble pagar un mínimo de impuestos gracias a pactos fiscales concedidos bajo el mandato del hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Las revelaciones llevaron a sus socios del Eurogrupo, como el exministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble, a recordar a Luxemburgo que tenía "mucho trabajo por hacer".

A ello se suman las investigaciones de la propia Comisión sobre el trato fiscal ventajoso que el ducado concedió a Amazon, Fiat o Starbucks. En 2014, Gramegna defendió que los pactos fiscales son legales y frecuentes en todo el mundo y hoy sigue asegurando que no se "avergüenza" de algo que no fue responsabilidad suya.

Pero el discurso ha virado y el ministro reconoce que estos pactos se han convertido en un "problema ético" y define a Luxemburgo como el "mejor alumno" en la nueva batalla de la Unión Europea por la justicia fiscal, según dijo en una reciente entrevista a la televisión RTL.

En efecto, bajo su mandato el país consiguió la etiqueta de "ampliamente conforme" a los estándares internacionales de transparencia, y la presidencia luxemburguesa de la UE lideró el acuerdo sobre el intercambio de información fiscal en 2015, pero Gramegna no ha abandonado la defensa del libre albedrío fiscal que tanto beneficia a Luxemburgo.

Se opone a la homogeneización de las políticas impositivas nacionales, recela de medidas que puedan asustar a las multinacionales como la propuesta tasa a los gigantes digitales, y prefiere avanzar al lento ritmo internacional que marca la OCDE temeroso de que los esfuerzos unilaterales europeos minen su competitividad. Su postura en Europa, centrista en otros temas, es nítida y crucial a la hora de pactar medidas fiscales que se negocian a Veintiocho y requieren unanimidad.

Internamente, Gramegna estuvo en el ojo del huracán después de que se descubriese que en 2014 el Gobierno luxemburgués contrató sin concurso público a la consultora McKinsey, en la que había trabajado su hija. El político defendió que ella había dejado la compañía antes de que se firmase el contrato. Pierre Gramegna está casado y tiene dos hijas.
 
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