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Armonización fiscal

Marruecos quiere terminar con el "paraíso fiscal" del Sáhara Occidental

08 de Septiembre de 2017
El Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental.

El gobierno de Marruecos ha empezado a desmantelar la exoneración fiscal vigente durante décadas en el Sáhara Occidental como forma de normalizar la situación en el territorio, pero esta armonización fiscal despierta numerosas dudas.

La exoneración fiscal en el territorio saharaui nunca fue objeto de un texto legal, sino que comenzó a aplicarse "de facto" tras un discurso del difunto rey Hasán II a finales de los años 70 para incentivar a los saharauis a sedentarizarse, según explicó Mohamed Salem Benmasoud, uno de los dirigentes empresariales saharauis.

Desde entonces se venía aplicando una exoneración en la zona que propició una especie de "paraíso fiscal": numerosos inversores domiciliaron sus empresas en territorio saharaui aunque en realidad ejercen su actividad en regiones del norte de Marruecos, con el único fin de no pagar impuestos.

La exoneración fiscal fue mencionada en un informe del oficial Consejo Económico, Social y Ambiental, publicado en 2013, y en el que denunció la persistencia de una lógica "de prebendas y rentas" en el territorio, que se manifestaba además con otras ayudas como subvenciones alimentarias y dobles sueldos, todo lo cual suponía al Estado casi 413 millones de euros anuales.

Ese mismo informe lamentaba que la actividad privada se concentrase casi únicamente en la pesca y la agricultura, cuyos beneficios se orientan fuera del territorio, lo que significaba que las ventajas fiscales no habían propiciado el desarrollo de una economía más allá de la explotación de recursos naturales.

Eso fue una de las razones que llevó a la administración tributaria marroquí a poner orden en la zona para combatir un creciente fraude fiscal que ha empezado a notarse en las cuentas del Estado. La Dirección General de Impuestos marroquí publicó a finales del pasado julio una nota de servicio destinada a las empresas instaladas en las provincias del sur (tal y como denomina Marruecos el Sáhara Occidental) para instarles a declarar sus actividades.

Aunque el principal objetivo es económico, los observadores avanzan también otras razones de carácter político, como es subrayar la "soberanía fiscal" de Marruecos sobre la zona y acabar con una convicción ampliamente extendida en Marruecos de que es un territorio "privilegiado", mostrando así que todos los marroquíes son iguales.

No obstante, la medida ha despertado las reticencias de los empresarios que operan en el Sáhara, quienes reclaman ventajas fiscales para promover unas inversiones que no terminan de llegar ante un ecosistema poco atractivo debido al débil tejido de comunicaciones, la falta de universidades y la lejanía del grueso de consumidores potenciales.

El empresario Mohamed Salem Benmasoud, también miembro de la filial de la Patronal marroquí (Confederación General de Empresas de Marruecos-CGEM) explicó que la patronal propone un sistema tributario atractivo que esté regulado por la ley y que ayude a atraer inversiones al Sáhara. En 2014, la CGEM organizó un encuentro en El Aaiún sobre el potencial de inversión en la zona, pero Benmasoud lamentó que esto no se tradujo en una llegada significativa de grandes inversores marroquíes.

"No queremos exoneración fiscal sino más bien ventajas de inversión, (como por ejemplo) una moratoria de 20 años para ayudar a las empresas a reforzarse y adaptarse", apuntó Benmasud, que añadió que la patronal está negociando con las autoridades competentes esta propuesta. Para acceder a estas ventajas, el empresario marroquí pone como condición invertir en proyectos sostenibles y con valor añadido, y que además ayuden a crear empleos para la población local.

"El 70% de la solución del conflicto político del Sáhara está en su despegue económico", aseveró Benmasud. La recaudación de los impuestos en el Sáhara ha comenzado de forma paulatina y sin mucho ruido para evitar, a ojos de los observadores, crear alarma social en la zona.

La "normalización fiscal" empezó tímidamente en los últimos cuatro años con la apertura progresiva de filiales de la dirección de impuestos en ciudades saharauis y la imposición a las empresas de un número de identificación fiscal para poder presentarse a las licitaciones lanzadas en la zona.

Este avance paulatino ha creado según el empresario Ahmed Abdelaui de Dajla, una situación "de confusión tremenda" y "discriminatoria" puesto que pequeñas empresas pagan sus impuestos mientras que grandes firmas siguen beneficiándose de esta exoneración. "Se quiere recaudar pero no se sabe cómo", lamentó Abdelaui.
 
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