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Montoro: El cupo es un reconocimiento de las singularidades y no privilegio

13 de Diciembre de 2017
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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante la inauguración de las jornadas tributarias de Real-Regaf. Montoro, ha planteado la posibilidad de aprobar una "prima fiscal" en el IRPF para contribuyentes de "cierta edad"y ha mostrado su intención de "seguir bajando el IRPF" en el Presupuesto de 2018, actualmente retrasado pero que, según el ministro, finalmente se aprobará.

Efe
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que el concierto y el cupo vasco son "el reconocimiento de las singularidades de España" y no un motivo de agravio ni de privilegio.

En su intervención ante el pleno del Senado, Montoro ha explicado que tanto la reforma de la ley del concierto económico como la del señalamiento del cupo son fruto de un acuerdo "paccionado" (pactado) entre el Gobierno central y el vasco, motivo por el cual su tramitación parlamentaria -como ya ocurrió en el Congreso- se hace por lectura única, sin posibilidad de introducir enmiendas parciales.

Ciudadanos y Compromís han presentado vetos tanto al concierto como a la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, que fija un cupo base de 1.300 millones de euros.

Una cantidad que "está en sintonía" con el cupo base de anteriores quinquenios, ha asegurado el ministro, en cuya opinión cuando se habla del cupo se está hablando "del reconocimiento de las singularidades de España" y no de agravios que quieren introducir algunos partidos.

"E incluso expertos", ha lamentado Montoro en alusión a las críticas de algunos de los miembros del "comité de sabios" que durante meses analizó la reforma del sistema de financiación autonómica, que no ven claras las cifras para calcular el cupo y que se quejan de que su revisión no se haya hecho en paralelo a la del sistema de las comunidades de régimen común.

El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos Gobiernos. Su última revisión fue aprobada en 2007 y debía haberse renovado en 2011, pero no había sido posible hasta ahora por las discrepancias en la metodología para calcularlo.
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