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El Congreso analiza disuadir a las empresas morosas con más sanciones

04 de Diciembre de 2017
Diputados

Congreso de los diputados

Los principales partidos políticos del Congreso abogan por que la nueva Ley contra la Morosidad disuada a las empresas que incumplan sus plazos de pago con sanciones más duras y por simplificar el mecanismo sancionador establecido en el texto inicial.

Únicamente el PNV se ha mostrado en contra de este código sancionador porque señala que no se ha valorado su eventual eficiencia y argumenta que es "materialmente imposible" que la administración haga un seguimiento adecuado del cumplimiento de la nueva ley, por lo que se limitará a sancionar según las denuncias que hagan los interesados.

Por otra parte, la mayoría de las formaciones parlamentarias están de acuerdo en que las empresas públicas se sometan al mismo código sancionador que las empresas privadas morosas. De esta forma se contempla en muchas de las 144 enmiendas que se han presentado a la proposición de ley, iniciativa de Ciudadanos, y que fue aprobada en el Congreso en junio.

La proposición de ley, que será debatida en la Comisión de Economía del Congreso, propone sancionar a las empresas que incumplen sus plazos de pagos con multas que van desde los 406 euros hasta los 819.780 euros y crear un sistema arbitral de morosidad y un buzón de denuncias.

La mayoría de los partidos están de acuerdo en que las infracciones leves se sancionen con multas de entre 406 euros y 2.045 euros, las graves con entre 2.046 y 40.985 euros y las muy graves con multas de entre 40.986 euros y 819.780.

Además, piden que sea infracción grave pactar plazos de pago que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha propuesto en sus enmiendas que las multas se paguen en un plazo máximo de 30 días, incluidos los intereses de demora y otras deudas relacionadas con el impago, además aboga por que, en caso de reincidir en infracción muy grave, la empresa no pueda contratar con el sector público ni obtener subvenciones ni préstamos del ICO.

El PNV es contrario a las multas y afirma que se traslada a las administraciones la responsabilidad de sancionar cuando tendría más sentido presentar estas denuncias en los tribunales. El PSOE, Unidos Podemos y ERC solicitan que la reducción de la sanción no sea mayor del 25 % y la formación morada pide que, a las microempresas y pymes, se sumen las empresas de la Economía Social para poder solicitar una reducción del 100 % del importe de la sanción cuando justifiquen que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por importe superior a los pendientes de pago.

Todos los grupos políticos están de acuerdo en hacer más transparente el periodo de plazo medio de pago a proveedores, la publicación de sanciones y de que el nuevo sistema Arbitral de Morosidad sea claro y no limite su futuro desarrollo reglamentario.

No obstante, el PP propone que sea la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio la que dirima los conflictos. Por su parte, el PNV también se muestra contrario a crear un Observatorio Estatal de la Morosidad porque afirma que su única función es emitir un informe de la evolución de los plazos medios de pago y de las infracciones y sanciones cuando la ley establecerá que el Gobierno informe cada año a las Cortes en este mismo sentido.

Las enmiendas del PDeCAT solicitan que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de sancionar a las empresas morosas y regulen el sistema arbitral de morosidad así como que puedan crear su observatorio autonómico.

Además la formación catalana pide que el código sancionador se aplique gradualmente y que las multas se bonifiquen al 100 % en los primeros seis meses de entrada en vigor de la ley y de hasta el 20 % en el tercer año si son abonadas.

También solicitan que las empresas acreedoras no tengan que pagar el IVA repercutido en las facturas no cobradas y que se modifique la base imponible de las facturas mediante un procedimiento más ágil que el actual y en un plazo mucho más corto.

La normativa actual señala que el acreedor no puede recuperar el IVA abonado hasta que no pase un año del impago. En este mismo sentido se dirige otra enmienda de Ciudadanos que pide modificar la definición de "crédito total o parcialmente incobrable" y un nuevo mecanismo para que las empresas con operaciones inferiores a 50 millones de euros puedan solicitar la devolución del IVA repercutido en la factura no cobrada.
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