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Bruselas busca cambiar la definición de pyme pero los empresarios no quieren

22 de Noviembre de 2017
No es recomendable modificar la definición básica de pyme dada por la UE, excepto para tener en cuenta los criterios de la reciente jurisprudencia sobre los casos de las citadas empresas.

No es recomendable modificar la definición básica de pyme dada por la UE, excepto para tener en cuenta los criterios de la reciente jurisprudencia sobre los casos de las citadas empresas.

La Comisión Europea considera que la definición de pequeña y mediana empresa (pyme) establecida por la UE en 2003 debería revisarse.

Por su parte, BusinessEurope, la patronal más representativa de Europa, ha expuesto, en un reciente documento de posición, sus principales puntos de vista acerca de esta iniciativa comunitaria. Una discusión surgida a propósito de las sentencias del Tribunal General de la UE en los casos K-Chimica y Crosfield, que reconocen a ambas empresas como pymes en un contencioso con la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).

La sentencia reconoce un error en la declaración relativa al tamaño de la empresa. Hay que recordar que los criterios básicos fijados por la UE para considerar pyme a una compañía, tal y como consta en la Recomendación de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE L124/36 de 20 de mayo de 2003), son los siguientes:
 
  • Mediana empresa: Empresa con más de 250 empleados, un volumen de negocio de más de 50 millones de euros o un balance total de más de 43 millones de euros.
  • Pequeña empresa: Menos de 50 empleados, más de 10 millones de euros de volumen de negocio o balance total de más de 10 millones de euros.
  • Microempresa: Empresa con menos de 10 empleados, volumen de negocio superior a 2 millones de euros o balance total superior a 2 millones de euros.
Esta definición ha sido utilizada en más de cien normas comunitarias posteriores a la publicación de dicha recomendación, hecho que le ha otorgado un claro carácter legal.

El espíritu de esta definición es garantizar que el apoyo y las medidas especiales para reducir las cargas administrativas se centran en las empresas que más lo necesitan. Para clarificar si una empresa concreta es una "pyme genuina", la Comisión tiene en cuenta las relaciones económicas que esta empresa tiene con otras compañías. Esta consideración lleva a la definición de tres categorías de empresas:

1. Empresas autónomas: Si la empresa es totalmente independiente o tiene uno o más socios comerciales minoritarios de otras empresas (cada uno con menos del 25%).

2. Empresas asociadas: Si la participación en otras empresas asciende al menos al 25% pero no más del 50%, se considera relación entre empresas asociadas.

3. Empresas vinculadas: Si la participación en otras empresas excede del 50%, este tipo de empresas se consideran vinculadas.

Para verificar si una empresa es una pyme, la Comisión ha desarrollado una metodología. Sin embargo, algunos elementos de esta metodología han sido invalidados por recientes decisiones del Tribunal General de la UE.

De esta manera, la UE busca revisar el concepto de pymes, mientras que BusinessEurope señala que esta definición es pragmática y manejable para ser aplicada a numerosos aspectos de interés para las pymes.

Hubo también un amplio acuerdo entre los empresarios europeos respecto a que, en lo fundamental, esta definición de pyme no debería modificarse salvo tal vez en lo que se refiere a los criterios financieros para tener en cuenta los efectos de la inflación.

Estos dos puntos de vista aún forman parte del núcleo actual de la posición de BusinessEurope, con la consideración añadida de que la definición de pyme de la UE podría seguir siendo utilizada para promover el emprendimiento privado, que es el motor clave para el crecimiento de Europa.

La definición de pyme establecida por la UE no debería modificarse en lo que respecta a las disposiciones relativas a la participación pública en las pymes, según la recomendación de la Comisión. 

Los casos de las empresas K-Chimica y Crosfields ponen de manifiesto el trato discriminatorio concedido por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) entre pymes autónomas y pymes integradas en empresas vinculadas y asociadas, como sucede con ambas compañías.

La sentencia del Tribunal General reconoce que:

1. Los retos de tratar con unas regulaciones de la UE costosas y complejas son básicamente los mismos para las pymes autónomas que para las pymes asociadas o vinculadas, como K-Chimica y Crosfield.

2. Las pymes autónomas integradas en grupos empresariales, como es el caso de K-Chimica,  pueden tener la misma necesidad de un régimen regulatorio más simplificado que el aplicable a las grandes empresas.

El documento de posición de BusinessEurope concluye que no es recomendable modificar la definición básica de pyme dada por la UE, excepto para tener en cuenta los criterios de la reciente jurisprudencia sobre los casos de las citadas empresas.

BusinessEurope destaca que el papel desempeñado por las medianas empresas en la economía ha sido reconocido en diversas iniciativas de la UE (Horizon 2020, EFSI, etc.). Asimismo, señala el documento que sería útil que la Comisión impulsara una discusión estratégica sobre el tema de las empresas de mediana capitalización.
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