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El Congreso aprueba agilizar el cambio de las sedes de las empresas

19 de Octubre de 2017
Diputados

El Congreso de los Diputados, Madrid,

El Congreso de los Diputados previsiblemente aprobará el decreto ley que simplifica el cambio de domicilio social de las empresas sólo con la decisión del Consejo de Administración, gracias al apoyo manifestado por PSOE y Ciudadanos (Cs).

La convalidación del real decreto ley, a falta de la votación final, se ha encontrado con las críticas desgranadas por los grupos Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, ERC, EH-Bildu y PdeCat, quienes han señalado que persigue un interés político y daña los derechos de los accionistas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que esta norma permite que la decisión de las empresas de cambiar su sede se produzca con la mayor celeridad, atendiendo a "las especiales circunstancias de esta semana" y para salvar las dudas interpretativas de la actual legislación.

No obstante, para el ministro la Junta de Accionistas seguirá "gozando de plena libertad" para decidir el cambio social siempre que lo establezca así en sus estatutos con posterioridad a la entrada en vigor de la norma. De Guindos ha considerado necesario dotar de certidumbre al marco de actuación de las empresas, que son las que, libremente, seguirán tomando las decisiones sobre su ubicación en función de sus propios intereses y de los de sus accionistas, trabajadores y clientes.

Ha recordado que cerca de 800 empresas han trasladado su sede social de Cataluña desde que se aprobó el decreto, por la incertidumbre que generan las decisiones de la Generalitat, algo que es "únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir si se da la independencia, cosa que el Gobierno no va a permitir".

La secesión sería un "suicidio económico", porque Cataluña, que "hasta hace muy poco crecía más que la media española", quedaría fuera de todos los tratados de la UE, el 70% de su producto estaría sujeto a aranceles y saldría del euro y de sus órganos de decisión lo que implicaría el cierre del acceso al crédito del Banco Central Europeo (BCE).

Ello conllevaría una "una restricción de liquidez brutal", con un impacto muy importante en las cuentas y depósitos de ahorradores que, incluso, podría llevar "a una situación indeseable, limitando las retiradas de dinero" y, finalmente, al empobrecimiento de la sociedad catalana.

El diputado y coordinador general de IU, Alberto Garzón, se ha posicionado en contra de la norma porque aumenta preocupantemente el poder de los administradores sobre los socios y accionistas, y porque está elaborada "ad-hoc" para los intereses de empresas como La Caixa.

"El Gobierno cede a las demandas empresariales", algo que parece más propio del siglo XIX que del XXI, ha dicho Garzón, quien considera que, aunque "los independentistas están equivocados", no se les puede culpar de la inestabilidad económica, que es consecuencia de la falta de política para solucionar los problemas.

Por su parte, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha manifestado que el Gobierno mantiene una estrategia de "asfixia económica" y de inseguridad jurídica que perjudica a toda la sociedad y ha pedido una respuesta democrática fuera de la humillación.

Para el diputado socialista Julián López, que se ha posicionado a favor de la norma, se acabará conociendo hasta qué punto se han enfrentado las entidades financieras a problemas de liquidez, salvados con la apelación al BCE para evitar "males mayores".

Ha considerado, en cualquier caso, que se trata de "cambios administrativos, temporales y reversibles", pero que son consecuencia del incremento de incertidumbre generada por un gobierno que dice que "está dispuesto a saltarse la legalidad vigente".

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha manifestado también su voto a favor de la convalidación y ha preguntado a "los salvapatrias y liberadores" quién va a pagar los impuestos ahora que han expulsado a empresas con profundas raíces catalanas.

La diputada de PNV Idoia Sagastizabal ha puesto el foco en el precedente que sienta la norma, al "dar barra libre a que cualquier empresa pueda saltarse a la Junta de Accionistas", en tanto que el diputado de ERC Joan Capdevila ha criticado las supuestas presiones a las compañías para que cambien su sede porque suponen "una injerencia política inadmisible".

El diputado de EH-Bildu Oskar Matute ha indicado que el objetivo de la iniciativa es "infundir pánico en la sociedad y sacar réditos políticos, en tanto que el de PDeCAT Ferran Bel ha asegurado que con ella "expropian a dueños y accionistas de las compañías de su capacidad de decisión", al tiempo que recuerda que hay 260.000 empresas que no han cambiado su sede social. 
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