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Seis asignaturas pendientes para sanear las cuentas públicas y mejorar la Administración

14 de Septiembre de 2017
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Desde 2010 y tras un ejercicio 2009 en el que se alcanzaron máximos históricos de déficit público (11% del PIB), la economía española inició un proceso de consolidación fiscal hasta alcanzar una ratio del 4,5% del PIB en 2016. Las previsiones para 2017 apuntan a que el saldo presupuestario del conjunto de las Administraciones Públicas podría situarse en el entorno del 3,2% del PIB, según el consenso de analistas (FUNCAS). Esto permitiría a la economía española salir del Protocolo de Déficit Excesivo en 2018.

El avance en consolidación fiscal ha sido notorio en nuestro país. España ha sido uno de los primeros países de la Zona Euro en incorporar los nuevos compromisos de estabilidad presupuestaria en su ordenamiento jurídico, gracias a la reforma de la Constitución aprobada en septiembre de 2011 y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El ajuste fiscal de la economía española se refleja con mayor claridad en el saldo estructural, que según estimaciones de la Comisión Europea (CE), pasó de un 9,2% del PIB a un 2,1% del PIB en 2014. A partir de ese año, el déficit estructural ha empeorado y según estimaciones de la propia CE, aumentó hasta el 3,6% del PIB en 2016, lo que pone de manifiesto que la senda de contención del déficit público en los dos últimos años se produjo gracias a la mejora del ciclo económico.

La senda hacia la estabilidad presupuestaria desde 2009 hasta 2016 se llevó a cabo tanto por la vertiente de los gastos (empleos) como de los ingresos (recursos). De los 6,5 puntos porcentuales en los que se ha reducido el déficit público desde los máximos alcanzados en 2009, 3,4 puntos corresponden a la parte de gastos o empleos y 3,1 puntos a la parte de los ingresos o recursos. No obstante, hay que distinguir dos etapas. Una primera, entre 2010 y 2013 y otra segunda, desde 2014 hasta el momento actual, donde la recuperación económica ha jugado un papel fundamental en la mejora del saldo fiscal.

A pesar del esfuerzo que se ha hecho en consolidación fiscal, los economistas creen que sigue siendo una prioridad avanzar e incluso acelerar el proceso de reducción del desequilibrio presupuestario y, por ello, el servicio de estudios de CEOE ha destacado varias cuestiones pendientes de la política fiscal y presupuestaria en el último Informe Trimestral de la economía española. Son las siguientes:
 
  • Las continuas sorpresas positivas en la actividad y empleo en el ciclo actual de recuperación de la economía española permiten abordar un plan más ambicioso de reducción del déficit público. Hay que tener en cuenta que la reducción del desequilibrio fiscal es fundamental para contener el crecimiento de la deuda pública, que alcanzará al cierre de 2017 el 99% del PIB, según las previsiones del Ejecutivo. A pesar de que se contempla un leve descenso de esta ratio en 2017, el sector público español seguirá siendo uno de los más endeudados de Europa. Además, la propia AIREF ha señalado que hasta 2036 no se alcanzará el límite de deuda del 60% del PIB. No hay que olvidar que España sigue teniendo una deuda externa neta muy elevada (85,7% del PIB a finales de 2016), lo que aumenta nuestra vulnerabilidad ante episodios de incertidumbre en los mercados internacionales.
 
  • Mejora de la gestión pública. Es necesaria una mejor gestión de las cuentas públicas, tanto en el ámbito de ingresos como en el de gastos.
 
  • En el caso de la recaudación, es notorio el incumplimiento de las previsiones de ingresos tributarios realizadas en años anteriores, siempre por encima de los ingresos reales. Además, esa diferencia ha ido aumentando en los últimos años. Esta situación provoca continuos y repentinos cambios en la política tributaria, generando inseguridad jurídica.
 
  • En cuanto a los gastos, en los últimos ejercicios también se ha puesto de manifiesto que queda un porcentaje de gasto sin ejecutar, siendo significativo en algunas partidas como la inversión pública. Por otra parte, es necesario establecer criterios de evaluación del gasto público para priorizar las decisiones de gasto y mejorar la eficacia en un contexto de restricciones presupuestarias.
 
  • La gran reforma pendiente es la de las Administraciones Públicas. Es cierto que se ha avanzado en la mejora del funcionamiento del sector público con la aplicación de las propuestas del grupo CORA, la reducción de cargas y la simplificación administrativa con medidas como la facturación electrónica. El esfuerzo ha tenido resultados poco visibles. En este contexto, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado constituye una herramienta útil que debería ser desarrollada con mayor alcance.
 
  • También quedan todavía pendientes de implementar acciones en diversos ámbitos del sector público destinadas, por ejemplo, a evitar duplicidades entre los diferentes niveles de administración, a aumentar la provisión de servicios públicos por parte del sector privado o a introducir criterios de racionalización en los múltiples organismos, agencias y entes públicos que existen. En el ámbito de las CCAA y a 1 de enero de 2017, se ha llevado a cabo una reducción efectiva de su sector público de 676 entidades, lo que supone un descenso del 172% sobre los compromisos iniciales adquiridos en 2012.
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