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ANÁLISIS

El gasto público por habitante es un 10% superior al de antes de la crisis

05 de Julio de 2017
  • Calixto Rivero
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, presentando los Presupuestos de 2017.

Aunque España se ha enfrentado teóricamente a una política restrictiva del gasto público durante la crisis económica para reducir el déficit y sanear las cuentas, lo cierto es que los datos demuestran que el desembolso que hacen las administraciones públicas para sostener los servicios públicos y la estructura burocrática es más elevado aún que cuando comenzó la crisis económica.

Según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, el gasto público por habitante ascendía en 2016 a 10.274,5 euros, un 10% más que en 2007, cuando era de 9.999,6 euros. El gasto público ascendía al 38,9% del PIB en 2007 y el año pasado fue del 42,7%. Aunque es cierto que es más reducido que el que se alcanzó en 2012 (48%), cuando España tuvo que enfrentar altos niveles de gasto en desempleo y en intereses de la deuda, España destina más fondos a sostener el Estado, las comunidades y los ayuntamientos que antes del estallido de la Gran Recesión.

Un informe de BBVA Research firmado por Rafael Doménech y José Manuel González Páramo, titulado “Estabilidad presupuestaria y reformas estructurales en España: lecciones de la crisis y opciones de futuro”, explica que “el ajuste fiscal ha sido muy gradual y lento” y que “el aumento de la deuda pública como resultado de este lento proceso de consolidación fiscal no resulta gratuito”.

De hecho, estos expertos hacen el siguiente cálculo: los costes a largo plazo que suponen estabilizar la deuda a niveles mucho más alto que antes de la crisis (más de 65 puntos porcentuales del PIB) son considerables y han restado 5,5 puntos porcentuales al PIB, 6,7 puntos a la inversión privada y 3,1 puntos al empleo. “El ajuste fiscal español no ha sido más que una reversión parcial de los estímulos fiscales aplicados en 2008 y 2009”, explica el documento de BBVA Research.

Entre las propuestas de Doménech y Páramo se encuentra apostar por más reformas estructurales, que son las que permiten acelerar la consolidación de las cuentas públicas, mejorar el margen de maniobra de la política fiscal y reducir los niveles de deuda.: “Las reformas estructurales representan una alternativa apropiada y atractiva a los ajustes fiscales, especialmente en un país con una alta tasa de desempleo estructural (la tasa media de desempleo en España ha sido del 15,5% entre 1995 y 2016).

Solamente una reducción del desempleo estructural del 15,5% al 7,5% (un nivel que seguiría estando por encima que el que tienen países como Alemania o EEUU) permitiría una mejora del saldo presupuestario estructural de seis puntos porcentuales del PIB.

Teniendo en cuenta que ante este escenario de reformas el gasto público se mantuviera constante y que los tipos impositivos disminuyen conformen se reduce la deuda pública del 100% al 36% del PIB, su nivel de 2007, el PIB español podría amentar en más del 20% y los ingresos fiscales sobre el PIB (y por lo tanto los impuestos) caerían en 5,5 puntos porcentuales.
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