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BAJA AL PUESTO 49

El excesivo gasto público y la presión fiscal hunden a España en el puesto 49 de libertad económica

22 de Junio de 2017
¿Qué debilidades estructurales dañan la competitividad de la economía española?

¿Qué debilidades estructurales dañan la competitividad de la economía española?

El informe 2016 de Libertad Económica en el Mundo sitúa a España en el puesto 49 de 159 países, una posición por debajo respecto al año pasado (48). Esta posición en el ranking, que mide el grado de apoyo a la libertad económica en las políticas y las instituciones de los países, está especialmente lastrada por un peso excesivo de la Administración Pública, que se refleja en unos elevados gastos corrientes y en un tipo impositivo marginal muy alto, y una regulación muy restrictiva, en particular en lo concerniente al ámbito empresarial y del mercado laboral.

España, si se compara su PIB en paridad de compra con el del resto de los países, es la 15ª potencia mundial, por lo que su actual índice de libertad económica está lejos del que le correspondería como una de los países más desarrollados del planeta y por su riqueza.

La economía española obtiene una puntuación media total de 7,38 puntos sobre 10, frente a los 7,27 puntos de 2016, empatando con Bahamas y Ruanda. La economía nacional se sitúa especialmente en una mala posición en la regulación del mercado laboral (se ubica en el puesto 118 de 159 países) y en la regulación de la actividad empresarial (puesto 127) Al analizar el tamaño del Estado, España se sitúa en el puesto 113 del escalafón internacional. En cambio, sí obtiene buena nota en el área de “acceso a una moneda sana” o en libertad de comercio internacional.

El informe, que ha sido presentado en Madrid por el presidente de CEOE, Juan Rosell; el presidente de Editorial Ecoprensa, Alfonso de Salas, el presidente de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, y el director de elEconomista, Amador G. Ayora, destaca que los factores que determinan una mayor o menor libertad económica en un país tienen que ver con el poder de elección personal, el intercambio voluntario, la libertad de entrada a los mercados y de competencia, la seguridad de las personas y la garantía de la propiedad privada.

Según afirmó Juan Rosell, presidente de CEOE, durante el acto, esta restrictiva regulación en España se refiere fundamentalmente al exceso de cargas administrativas y trabas burocráticas, derivadas del entramando legislativo español, provocan la fragmentación del mercado interior y socavan la competitividad de las empresas nacionales.

A su juicio, el hecho es que nuestro marco normativo sea denso y complejo se debe, por ejemplo, a que en 2016, se aprobaron 436 nuevas normas a nivel estatal, a pesar de que durante buena parte del año se contó con un Gobierno en funciones, y se publicaron casi 900.000 páginas entre el BOE y los Boletines Oficiales Autonómicos. “En los últimos 40 años, se han promulgado más de 40.000 normas estatales y casi 7.500 normas autonómicas”, remarcó.

A esto se suma que, en el ámbito de la Unión Europea, se adoptaron más de 2.000 actos legislativos (es decir, Reglamentos, Directivas y Decisiones). La legislación vigente en la UE se sitúa en torno a 21.000 normas, pero se extiende por encima de las 100.000, si se tienen en cuenta los Acuerdos Internacionales o la Jurisprudencia.

Además, según Juan Rosell, la presión fiscal es excesiva, dentro de un sistema poco coordinado. De hecho, la presión fiscal empresarial en España está muy por encima de la media europea. En España, las empresas tienen que destinar el 50% de sus beneficios al pago de impuestos y de cotizaciones sociales, mientras que la media europea se sitúa en el 40,6%. También explicó que existen casi 100 Impuestos Autonómicos (la mayoría de carácter medioambiental) surgidos en los últimos años, que provocan distorsiones en el mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los que afectan.

El estudio utiliza 42 parámetros para elaborar un índice global que mide el grado de libertad económica en cinco grandes áreas: tamaño del Estado (gasto, impuestos y empresas), estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad, acceso a una moneda sana, libertad de comercio internacional y regulación crediticia, laboral y de la empresa.

En el informe presentado este año, se indica que Hong Kong y Singapur ocupan, una vez más, las dos primeras posiciones. Los demás países situados en las diez primeras plazas son Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Georgia, Irlanda, Mauricio, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Reino Unido.

Por el contrario, los países con menos puntuación son Irán, Argelia, Chad, Guinea, Angola, República Centro Africana, Argentina, República del Congo, Libia y, en último lugar, Venezuela.
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