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PRODUCCIÓN NORMATIVA

La vicepresidenta admite que "hay una burbuja normativa en España"

15 de Marzo de 2017
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que "hay una burbuja normativa" en España, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas.

En el marco de un encuentro en el Senado para analizar la situación de las autonomías y de su legislación, la número dos del Ejecutivo afirmó que hay "inflación legislativa" y que muchos de los recursos entre administraciones se podrían evitar si hubiera "mecanismos preventivos de la litigiosidad" y que habría que hacer "una análisis previo de la necesidad de las normas aprobadas".

De hecho, Sáenz de Santamaría cree que sería positivo que algunas de las leyes que se aprueben en el futuro "deroguen algunas más". 

Ayer mismo CEOE difundía el informe Producción Normativa en 2017 en el que se refleja que "las empresas se enfrentan a un nivel de regulación muy elevado, que genera un marco normativo muy denso y complejo que provoca distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas". 

De hecho, la vicepresidenta utilizó los datos incluidos en este documento para justificar que hay que legislar menos y mejor. Según los datos recogidos por CEOE, "entre 1970 y 2016, se han aprobado un total de 41.336 normas estatales".

Sólo el año pasado tanto el Estado como las comunidades autónomas produjeron 895.820 páginas oficiales, un nivel de producción normativa demasiado elevado que obliga a las empresas a destinar nuevos recursos para adaptarse continuamente a los cambios legislativos de las distintas administraciones.

Las propuestas de los empresarios
Ante el reconocimiento de la vicepresidenta del Gobierno de que hay demasiada legislación en España, el informe de CEOE ya incluye una serie de propuestas concretas de mejora legislativa, entre las que pueden señalarse las siguientes:
 
  • Solicitar que el INE recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, en lugar de volver imponer la obligación a las empresas, lo que causa perdida de tiempo y dinero, además de poder incurrir en que las sancionen.
  • La creación de la carpeta del empresario que facilitaría la tramitación del conjunto de procedimientos entre empresas y administraciones públicas.
  • La ampliación de la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red.
  • La tramitación electrónica de las solicitudes de exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos y la simplificación del Impuesto de Sociedades.
  • Sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico.
  • La tramitación electrónica del procedimiento de la inspección de trabajo o simplificar la tramitación de la solicitud y renovación de certificados electrónicos.
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