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El Supremo anula el acuerdo de estabilidad presupuestaria de 2014

02 de Febrero de 2017
El Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014 que establece los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades autónomas en régimen común para 2014.

La sala de lo contencioso administrativo ha estimado parcialmente un recurso de la Junta de Andalucía y anula el acuerdo por carecer de presupuesto habilitante, en la medida que desarrolla o ejecuta un anterior acuerdo de 27 de junio de 2014, que no fue sometido a aprobación por las Cortes Generales.

La Sala Tercera sigue el criterio fijado en las sentencias de Pleno de 10 de mayo de 2016 relativas a las consecuencias derivadas del incumplimiento del trámite de sometimiento a aprobación parlamentaria del acuerdo de Consejo de Ministros para el año 2013.

La sentencia recuerda que, al no contar con la posterior aprobación parlamentaria, ese acuerdo era "un acto carente de autonomía, preparatorio, inhábil por sí mismo para surtir efectos y para servir de soporte a actos de ejecución".

Sin embargo, el Supremo rechaza anular el acuerdo relativo al periodo 2015-2017, como había solicitado la Junta de Andalucía en su recurso, porque el anterior acuerdo del que emana sí fue aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado.

También niega que, en contra de lo que sostiene Gobierno andaluz en su recurso, este último acuerdo carezca de motivación al fijar objetivos de estabilidad presupuestarios idénticos -y no singularizados- para todas las autonomías, reparto que la sentencia considera ajustado a derecho.

Para el Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía critica el criterio de distribución del objetivo del déficit pero "no aporta razones consistentes para justificar, no ya su inconveniencia o inoportunidad, sino su ilegalidad".

Por todo ello, concluye que no se puede decir que se trata de una decisión anulable por falta de motivación, como tampoco por vicio de forma, por la ausencia del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
 
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