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ANÁLISIS

Las patologías del entramado legislativo español

27 de Enero de 2017
Las patologías del entramado legislativo español

Las patologías del entramado legislativo español

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Según un informe publicado por CEOE, “el entramado legislativo español es de una densidad y complejidad notables, lo que provoca un elevado nivel de cargas administrativas y distorsiones en el mercado”. Estas son las patologías que detectan los empresarios españoles:
 
  • La profusión de trámites y exigencias formales lastran la actividad diaria de nuestras empresas. Las empresas españolas sufren una excesiva carga burocrática que les obliga a dedicar recursos y esfuerzos a tareas administrativas, de control e interpretativas de normas, que, en muchas ocasiones, entorpece su actividad diaria, les obliga a dedicar recursos a tareas no productivas y, en definitiva, perjudica su competitividad.

Igualmente, la concurrencia de distintos órganos y administraciones que regulan materias de un mismo sector, en ocasiones de forma descoordinada, genera importantes cargas burocráticas. Por ello, es necesaria una mayor coordinación entre las distintas administraciones y organismos encargados de la regulación y realizar esfuerzos serios por lograr una simplificación normativa.

La Administración central es consciente de este problema. En el año 2012 creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para, entre otras funciones, reducir las cargas administrativas conforme el principio “one-in one-out”, que implica que cada carga administrativa introducida deberá compensarse con, al menos, la eliminación de una carga de coste equivalente. Igualmente, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores reconoce esta necesidad. Estas disposiciones deben ser aplicadas con valentía y deben servir para acometer reformas serias y decididas.
 
  • La existencia de regulación que no resuelve problemas reales o incluso los genera.
Es preciso llevar a cabo una revisión crítica de la regulación. Igualmente, se deben detectar y derogar normas obsoletas que impongan un excesivo formalismo que perjudique el tráfico mercantil o sean ajenas al mundo digital.
 
  • La necesidad de mejora de los análisis de impacto, exigencia de un criterio claro de oportunidad en la regulación y debido seguimiento posterior.
La labor regulatoria en el futuro debe ser ordenada, rigurosa y debe procurar garantizar la competitividad de nuestras empresas. Antes de la aprobación de cada norma el regulador debe evaluar objetivamente su necesidad,  si  existen  alternativas  a  la regulación  y su impacto  económico  de forma seria, empírica y consistente. En definitiva, si una norma no es estrictamente necesaria, lo estrictamente necesario es que no se dicte.

Para ello, es imprescindible que toda nueva regulación se justifique con base en informes económicos exhaustivos y de solvencia. Una vez la regulación entre en vigor, y pasado un tiempo, es imprescindible que el regulador evalúe su efecto y adopte las medidas correctoras necesarias para mejorarla.

Este es uno de los objetivos del Real Decreto 1083/2009, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Se continuó con esa tarea en la Ley 2/2011 de Economía Sostenible y se culminó con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dedica su Título VI a la mejora de la calidad regulatoria, incluyendo en su artículo 129 los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia) que deben contemplar toda iniciativa legislativa.

La tarea a partir de ahora consistirá en que el regulador aplique sus propias medidas con la máxima severidad y evite que su propia iniciativa se convierta en una declaración estética, que se solvente con un simple trámite formal sin contenido real. En este sentido, la Unión Europea también ha llevado a cabo esfuerzos de mejora de técnica normativa en los que debe seguir profundizando.
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