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¿Cómo dañará la subida de impuestos al tejido empresarial?

08 de Febrero de 2017
La reforma del Impuesto sobre Sociedades que aprobó el Gobierno a comienzos de mes tendrá consecuencias negativas para el tejido empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo, según un informe detallado que ha elaborado CEOE, en el que avisa de que la norma podría violar algunos principios constitucionales.

Por ejemplo, sólo una de las medidas del Real Decreto Ley, el endurecimiento del límite a la compensación de las bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que facturan más de 20 millones de euros dañará a unas 15.500 empresas, dificultando la recuperación de estas entidades en el momento en el que pueden estar empezando a superar sus problemas financieros.

Sin embargo, no sólo los grandes contribuyentes se verán afectados por las últimas decisiones del Consejo de Ministros, ya que algunas de las medidas adoptadas afectan a todos los contribuyentes de este impuesto ya que muchas de estas empresas, incluso cotizadas en Bolsa, tienen cientos o miles de pequeños accionistas a quienes será difícil pagarles el mismo dividendo que estaba previsto. Por lo tanto, en realidad no se está exigiendo un esfuerzo especial a los grandes contribuyentes, sino a todos.

De hecho, según los expertos consultados por CEOE, con las nuevas medidas “pasan a gravarse incluso rentas ficticias”. Según la patronal, “podría aceptarse que se subiera el Impuesto sobre Sociedades, incluso por Decreto-ley, pero para los que tienen una renta positiva”. Sin embargo, advierte de que “no puede aceptarse que se haga tributar a los que están en pérdidas, ya que ello supone el gravamen de una renta inexistente o ficticia, lo que resultaría inconstitucional”.

Otro de los problemas que genera la última decisión del Ejecutivo es que “la norma resulta contraria a las libertades de la Unión, incluida la libre circulación de capitales, que es también aplicable con terceros Estados”.

El informe de CEOE pone el siguiente ejemplo: “Supongamos una empresa que obtiene renta en España y tiene que pagar una cuota de 100. Si esa misma empresa obtiene la mitad de su renta en otro Estado con el mismo nivel de tributación tendría que pagar 50 en España y otros 50 en ese otro Estado. Pero como España no permite la deducción tras el Decreto Ley, tendrá que pagar 75 en el ejercicio, más 50 en el otro Estado, es decir un total de 125 en nuestro ejemplo”. Es decir, que “la tributación se ha incrementado, o cuando menos se ha adelantado, por el mero hecho de obtener la renta en el extranjero, lo que perjudica a la internacionalización de las empresas y vulnera la libre circulación de capitales”.

Retroactividad
A esto se suma que “las tres medidas adoptadas con efectos de 1 de enero de 2016 se han aprobado cuando ya estaba casi finalizado el ejercicio, y la inmensa mayoría de las empresas ya tenían preparado el presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado) para 2017, y no tenían motivos para sospechar que pudiera producirse un incremento del impuesto como el que se ha generado con el Decreto-ley, y menos todavía que se gravase una renta inexistente o ficticia, distribuida en forma aleatoria entre las sociedades y entidades, y con una clara incidencia también en sus accionistas y trabajadores”.

Otro de los problemas es que “las medidas adoptadas suponen la creación de una deuda forzosa para las empresas, en cuanto que las bases imponibles negativas pendientes y las deducciones por doble imposición que no se aplican en 2016 suponen un verdadero crédito fiscal que puede utilizar en los ejercicios siguientes”.

Según los expertos consultados por CEOE, “está por ver si la Unión Europea va a aceptar esta peregrina forma de luchar contra el déficit”.

En lugar de deuda pública, libremente adquirida por quienes hayan acudido a las correspondientes subastas, se sustituye la misma por una deuda forzosa que se impone a las empresas. Y que generará enormes problemas a dichas compañías, que podrían incluso llegar a ser inviables si tienen que pagar el Impuesto sobre Sociedades (que es un gasto contable, aunque no sea fiscalmente deducible) aunque no tenga renta positiva alguna distinta de la “renta ficticia” que ahora pretende incluirse en el hecho imponible.

El agravante es aún mayor si se tiene en cuenta lo siguiente: si la empresa desaparece como consecuencia de estas medidas, además de las graves consecuencias en el empleo, no podrá ya recuperar ese crédito que el Gobierno le ha obligado a asumir.
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