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Normas europeas

BusinessEurope, en contra de la nueva legislación de los trabajadores desplazados

24 de Octubre de 2017
El Director General de BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

El Director General de BusinessEurope, Markus J. Beyrer.

Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea (UE) cerraron, tras más de doce horas de negociación, un acuerdo para modernizar las normas para los trabajadores desplazados. La resolución no ha contentado a los empresarios europeos quienes han señalado que se encuentran "profundamente preocupados por los aspectos clave del trato".

"Ha sido un día lleno de negociaciones difíciles pero sin duda cruciales para el futuro de toda la UE. Nuestros esfuerzos conjuntos han dado fruto y tenemos un acuerdo", anunció el ministro de Empleo de Estonia, Jevgeni Ossinovski, cuyo país ocupa la presidencia semestral de la Unión en la rueda de prensa al término de la maratoniana reunión de ministros celebrada en Luxemburgo.

La posición común, apoyada por una mayoría de países tras varios cambios en el texto durante la jornada, permitirá a los Estados iniciar en noviembre la negociación final con el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas para los trabajadores desplazados, aquellos enviados por su empresa a otro Estado de la UE para prestar un servicio por un tiempo determinado.

La Comisión Europea (CE) propuso en marzo de 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, pero hasta ahora había sido imposible un acuerdo por la división entre los partidarios de una norma incluso más restrictiva -con Francia, Alemania e Italia a la cabeza- y los que pedían primar la libertad de circulación en aras de la competitividad.

Entre estos se cuentan España, Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, que demandaban en particular excepciones para el transporte

Los países dieron su respaldo al principio general planteado por la Comisión Europea (CE) de que los trabajadores desplazados deben cobrar el mismo salario que los locales, y no solo el salario mínimo del país de destino como fija la directiva actual.

Sin embargo, se mostraron profundamente divididos sobre la duración máxima de los desplazamientos, que la CE pedía fijar en 24 meses, el periodo de transición para empezar a aplicarla -la CE proponía tres años- y, sobre todo, el tratamiento que debía darse al sector del transporte por carretera y al cabotaje.

"Esto no corresponde a las necesidades de las empresas que operan en el mercado único. La movilidad a largo plazo es una práctica relativamente común en sectores como la fabricación o los servicios comerciales, donde las preocupaciones con respecto al fraude son prácticamente inexistentes. Limitar la movilidad dañará estas actividades de alto valor añadido y socavará el funcionamiento del mercado único de servicios", ha destacado el Director General de Business Europe, Markus J. Beyrer.

Las necesidades empresariales "deben ser mejor reconocidas" en las negociaciones tripartitas. Para las empresas de toda Europa, "es esencial asegurarse de que las reglas sean legalmente claras, aplicables y no limiten las actividades de publicación auténticas".  En particular, los empresarios han hecho un llamamiento al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión para que "respeten el período inicial de publicación de 24 meses, como lo sugiere el Parlamento Europeo, y para que la prolongación de este período sea totalmente compatible con las normas sobre coordinación de la seguridad social" (Reglamento 883/04 / CE).

La coherencia total entre la directiva de publicación y la regulación de la seguridad social "es imprescindible para evitar una carga innecesaria de burocracia". "Cuando el problema es el fraude y el abuso que conducen a la competencia desleal, la respuesta no puede ser desacreditar toda actividad, como sucedió con la publicación en algunos países de la UE. Tampoco puede ser aumentar la carga legislativa sobre la ley de empleadores obedientes", resaltan los empresarios.

La respuesta real se centra en una mejor aplicación y aplicación adecuada de las reglas existentes. "Este es un mal compromiso impulsado por el simbolismo político. En lugar de defender la libre circulación y hacer cumplir las ya existentes normas para combatir el abuso, el Consejo ha acreditado el mito de que las reglas existentes deben cambiarse para luchar contra el dumping social y dividir a Europa ", concluyó Beyrer.
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