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BEBIDAS AZUCARADAS

Clamor contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas

20 de Junio de 2017
Supermercado

El sector alimentario pide a Rajoy que recurra al Constitucional la tasa al azucar de Cataluña.

Agricultores, la industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han reclamado de forma conjunta y por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas.

Así lo han anunciado una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, que se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña.

Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto -aprobado oficialmente el pasado 30 de marzo pero que todavía no cuenta con un reglamento que lo desarrolle- rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional, entre otros perjuicios.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que esta iniciativa no prospere, no descartan explorar otras vías legales.

Las organizaciones firmantes (ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN) representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país.

Así, estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines.

Desde FIAB, se ha destacado cómo “la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada. La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido”.

Los representantes de las organizaciones de la distribución, ANGED, ACES y ASEDAS, coinciden en que "esta incipiente política fiscal sobre los alimentos, en la medida en que se extienda a otros productos y a otras Comunidades Autónomas, supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas. En un mercado europeo cada vez más digital que tiende a la integración, es totalmente anacrónico fragmentar nuestro mercado interno con tributos de este tipo”.

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias advierten del posible coste social del nuevo impuesto, y consideran que “la remolacha es un cultivo estratégico para el campo español, precisamente en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año”. Por ello lamentan la estigmatización de un producto alimentario y el “golpe" que da este impuesto al sector en este momento, considerando que podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España.

A estas alegaciones se unen también las organizaciones de la hostelería y la restauración, que añaden que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado "convenientemente a los consumidores a pesar de estar directa y claramente afectados".

Por todo ello, los sectores de la producción agraria, las cooperativas agroalimentarias, la industria agroalimentaria, la distribución comercial, la hostelería y la restauración ven motivos suficientes para que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas.
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