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FIAB pide la intervención del Gobierno contra la tasa a los refrescos

24 de Marzo de 2017
Entre estas iniciativas se encuentran, además de un plan de lucha contra el fraude en el IVA y una reforma del Impuesto sobre Sociedades, el retoque de varios impuestos especiales.

Desde la entidad han recordado que el azúcar está presente en otros alimentos y categorías.

La patronal que agrupa a los fabricantes de alimentos y bebidas en España FIAB ha reclamado la intervención del Gobierno para frenar el impuesto a los refrescos aprobado en Cataluña. En un comunicado, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha advertido del negativo impacto en la economía y el empleo de esta nueva tasa, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que vio luz verde en el Parlament el pasado miércoles.

"El sector solicita al Gobierno de España que intervenga para garantizar la unidad de mercado y proteja los instrumentos que garanticen la competitividad de la industria y la equidad en todo el Estado", han reclamado desde la patronal.

En opinión de los responsables de FIAB, el citado impuesto "plantea un escenario que penaliza la demanda y castiga el crecimiento, no sólo de la industria de alimentación y bebidas, sino de aquellos sectores vinculados, como el turismo o el canal de hostelería y restauración, claves para el desarrollo de España".

Su director general, Mauricio García de Quevedo, ha alertado de que este tipo de medidas fiscales "crean barreras importantes para las inversiones" y son contrarias "a la unidad de mercado", en referencia a la existencia de diferentes legislaciones dentro del mismo país.

A las críticas se ha sumado también la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra, a su vez miembro de FIAB), que en un comunicado ha calificado el impuesto de "discriminatorio y regresivo". Desde la entidad han recordado que el azúcar está presente en otros alimentos y categorías que, sin embargo, no se verán afectadas como los refrescos.

Además, han incidido en la "incertidumbre jurídica" creada con esta tasa, ya que está previsto que el impuesto entre en vigor el 1 de abril cuando todavía "no está aprobado el reglamento de su aplicación".

Para los fabricantes de bebidas refrescantes, los principales perjudicados serán los consumidores y empresas catalanas, que pagarán más por una tasa cuyo fin es, en su opinión, "meramente recaudatorio".
 
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